El programa del Seguro Popular ha sido para los gobernadores deshonestos el mayor fondo para el desvío de dinero público, para el enriquecimiento ilícito, para amasar fortunas incalculables, para construir mansiones y tener una vida llena de lujos, a cambio del dolor, la desgracia y la miseria de miles de ciudadanos que creyeron tener mayor acceso a la salud y gratuidad, es así que Campeche durante la Administración de Alejandro Moreno, en el 2017, desvío 116 millones 816 mil 596 pesos.
Campeche es uno de los 20 Estados del país, junto con Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México, entre otros, a los que en el 2017 se les detectó un desfalco por 2 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud.
No es cosa del pasado ni de pasadas administraciones; apenas en el 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la administración del hoy flamante dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que no había devuelto 51.4 millones de pesos de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para el Seguro Popular.
La maniobra para este desfalco requirió del apoyo de un sindicato corrupto, a modo y servil, y en Campeche cubre estos requisitos la actual secretaria general Martha Albores Avendaño, a quien todo mundo señala como la “madrina” de “Alito” o la señora de los centros de rehabilitación.
La actual dirigente sindical ha utilizado las medidas a su alcance, pero sobre todo la protección del gobernador para desfalcar al sindicato sin misericordia; a cambio ha obtenido una diputación local, ser dirigente vitalicia, controlar plazas y presupuesto.
La mecánica para el desvío de recursos, que se repite en varias dependencias gubernamentales, es el pago de sueldos excesivos, cheques no cancelados, pagos a personal sindicalizado, pagos con dinero que no estaba destinado a sueldos, pagos a personas que nunca trabajaron o que no tenían los requisitos para ocupar una plaza, dinero destinado a pagar prestaciones, salarios que se dieron a personas que ya no trabajaban, que nunca firmaron un contrato o que tenían licencia sin goce de sueldo.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública del 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.
Campeche desvío 116 millones 816 mil 596 pesos
Para el caso de Campeche, la ASF determinó un daño al erario público por 112 millones 820 mil 840 pesos, al no lograr justificar que 393 personas, que fueron pagadas con los recursos del Fondo, trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2017, esto con base en la revisión a la plataforma denominada “Validación Electrónica del Personal”, en la que se registran las cédulas analíticas de visita a establecimientos de salud.
Otra de las observaciones fue por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de los cuales no se presentó la autorización por la Secretaría de Salud, por 3 millones 995 mil 746 pesos.
La ASF detectó que “en el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud”.
Esto “generó un probable daño a la Hacienda Federal por un importe de 3 millones 323.5 mil pesos, el cual representa el 1.5 por ciento de la muestra auditada”, por falta de documentación comprobatoria y pagos improcedentes a personal sin cédula profesional, “así como 48 millones 65.3 mil pesos pendientes de aclarar”, por presentar facturas del 2017 como comprobantes del gasto del ejercicio fiscal del 2018.
La auditoría señala que el Gobierno del Estado de Campeche “no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, debido a las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”, puntualizó.
Anterior a este desfalco, existe una denuncia en la antigua Procuraduría General de la República (PGR), por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los informes de Cuenta Pública del 2012 al 2016.
Los funcionarios
de salud de “Alito”
Al inicio de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, fue nombrado secretario de Salud Alvaro Emilio Arceo Ortiz y durante su periodo fueron detenidos dos ex secretarios de Salud. El primero de ellos cayó el 11 de mayo del 2016, Alfonso Cobos Toledo, por presunto desvío de 260 millones de pesos.
Tres meses después, en agosto del mismo año, fue detenido Enrique Iván González López, quien había sido alcalde de Carmen, pero anteriormente secretario de Salud, por el mismo delito de desvío de recursos federales.
Sin embargo, la revisión de las cuentas públicas corresponde al ejercicio del 2017; es decir no se frenaron las irregularidades y Moreno Cárdenas hizo el enroque: envió al ex secretario de Salud al IMSS y al delegado del IMSS a la Secretaría de Salud.
Es así que el hijo del ex gobernador, Rafael Rodríguez Cabrera, llegó a la Secretaría de Salud, y una nueva revisión de la ASF sigue detectando un faltante por 51 millones de pesos, pero no significa que el nuevo funcionario haya incurrido en la falta. Lo que es un hecho es que no ha podido “tapar” ese boquete de desfalco.
Con la puesta en marcha del INSABI y la revisión rigurosa de las finanzas, la renuncia era el camino más adecuado para los funcionarios de salud, especialmente para el secretario, quien no pondría en riesgo la reputación de sus “antepasados”, y su nombramiento en el PRI es una simple vacilada.