A punto de finalizar el conflicto

Integrantes de cooperativas del transporte público aseguraron a POR ESTO! que están a punto de llegar a un arreglo con el Gobierno del Estado que significaría el fin del paro del transporte público y el inicio de un nuevo compromiso de mejorar el servicio en muchas de las rutas donde fueron detectadas anomalías, por lo que a más tardar el próximo martes, la situación retornaría a la normalidad.

Insisten en subsidio

POR ESTO! procuró entrevistar a los representantes de las empresas transportistas (a saber Castamay, José María Morelos y Pavón, Alianza Moderna, Autobuses y Microbuses Modernos, Urbanos y Suburbanos de Campeche (Ammuscam), la Nueva Manera, Transporte Urbano y Suburbano Unido de Campeche (Tusuc); sin embargo, éstas al parecer tienen un acuerdo de no emitir información en forma independiente, pero se logró arrancarles a algunos de ellos su planteamiento para la solución del problema.

En los dos casos en los que se tuvo acceso a los representantes de las transportistas, las fuentes manifestaron que la solución inmediata al conflicto sería la firma del acuerdo en el que se especifique que no habrá sanción para los que se manifestaron (pararon) desde el pasado 20 de enero y la implementación de un esquema de subsidios, para la adquisición de combustible, insumo cuyo costo se disparó desde el 2014, por lo que los consultados aseguraron que están a punto de llegar a un arreglo y que a más tardar el próximo martes, la situación retornaría a la normalidad.

Transporte urbano, en crisis

En su origen, la creación del servicio del transporte urbano en Campeche trató siempre de atender las necesidades de una comunidad en desarrollo; sin embargo, nunca se le dejó de considerar un apéndice del partido hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI), de tal forma que los concesionarios del servicio, atados de manos por la legislación vigente, son incapaces de encontrar una solución que enfrentan y ven en el Gobierno la única tabla de salvación.

En los nuevos tiempos políticos que nos corresponden vivir, en los que el priismo ha perdido su hegemonía, el Gobierno del Estado se ve enfrentado con un grupo de prestadores de servicios que siempre han sido sus aliados. Es decir, la administración estatal está metida en un auténtico embrollo, ya que si bien ha quedado claro que no será atendida la petición de los transportistas de aplicar un alza de hasta el 40 por ciento en las tarifas, tampoco se ve de dónde se dispondrán de los subsidios necesarios para que la deteriorada flotilla del transporte urbano siga operando.

Transportistas nunca

retaron al Gobierno

En Campeche, entidad gobernada desde siempre por el PRI, el servicio del transporte y su legislación “fueron confeccionadas para favorecer a los gobiernos priistas”, opina al respecto José Alaín Sánchez López, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en el Estado de Campeche.

“Los transportistas nunca habían retado al Gobierno del Estado como ocurrió ahora y esto está pasando porque a pesar de que la legislación en la materia ata de manos a cooperativas y empresas transportistas, para que éstos eviten incurrir en actos de rebeldía, el Instituto Estatal del Transporte (IET) no ha procedido a la aplicación de sanciones.

“Estamos ante un monstruo que el propio Gobierno creó. Solamente hay que rebuscar un poco en la historia para constatar que los concesionarios son personas estrechamente vinculadas al ex partidazo Revolucionario Institucional y que, incluso, la mesa directiva de algunas de las cooperativas son ex funcionarios públicos priistas”, dijo nuestro entrevistado.

El dirigente sindical manifestó que si Campeche tiene uno de los peores servicios de transporte urbano se debe también a que ha retrasado la aplicación de una reforma que data de hace casi 20 años y que se refiere a la liberación del transporte en México.

“La legislación federal fue reformada desde hace casi 20 años durante la era foxista, pero hasta el día de hoy solamente algunos Estados de la República homologaron sus legislaciones con el ordenamiento federal y ahora se están sufriendo las consecuencias.

“En Quintana Roo y Yucatán existe la figura del subsidio al transporte, pero también es cierto que allá están en operación camiones que disponen de aire acondicionado y espacios confortables para los pasajeros; en cambio, en Campeche vamos de mal en peor.

“El Gobierno de Aysa González está ante un verdadero brete, pues actuar en contra de las empresas y cooperativas transportistas sería como actuar en contra de sus aliados”, declaró el entrevistado.

NO habrá alza al transporte

En relación con el tema, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, declaró a POR ESTO! que, respecto al tema del alza, la postura del Gobierno del Estado ya se definió: “no se lesionará la economía de los campechanos”, por lo que –por lo pronto- no habrá incremento a las tarifas.

Insistió en que el llamado del Gobierno del Estado es a restablecer el servicio en su totalidad, tal y como lo establece la Ley de Transporte del Estado de Campeche y su reglamento; sin embargo, no descartó que, como consecuencia del diálogo que se sostenga con los transportistas, se concluya el otorgamiento de algún apoyo para éstos o para los pasajeros.

El funcionario consideró que es un deber y responsabilidad del Gobierno del Estado hacer respetar la ley, pero también proteger los intereses de las familias campechanas, incluyendo la de los trabajadores del transporte urbano, por lo que instó a los empresarios del ramo a procurar una solución inmediata a este conflicto.

290 unidades

De acuerdo con información oficial, en Campeche operan diariamente cerca de 290 de los 479 camiones y microbuses autorizados para prestar el servicio de transporte urbano.

Asimismo, de acuerdo con información puesta a disposición de POR ESTO! se estima que al menos el 60 por ciento de los más de 280 mil campechanos – datos del Programa Institucional de Movilidad Urbana (IET-SEPLAN), que habitan en la cabecera municipal y comunidades conurbadas y circunvecinas usan el transporte urbano para trasladarse a sus centros de trabajo o a la escuela.

No está tampoco a discusión que la mayor parte de la población está en contra por la forma alevosa como las concesionarias del Servicio de Transporte Público trataron de presionar al Gobierno e iniciaron el 20 de enero una manifestación para exigir un incremento superior al 40 por ciento a la tarifa de adultos.

En la petición inicial de los transportistas, éstos exigían que la tarifa de 7 pasara a 10 pesos, en tanto que el cobro a niños, estudiantes y senectos, que actualmente es de 4 pesos, se elevara a 7 pesos.

Adiós a grandes subsidios

Para el senador suplente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Arturo Moo Cahuich, lo que está ocurriendo con el transporte urbano no es más que un síntoma de que en nuestro Estado comienzan a registrarse cambios importantes.

“Los transportistas siempre habían estado al servicio del Gobierno Estatal y municipal. Hace apenas unos sexenios, cuando estaban en campaña, hasta tenían el descaro de suspender el servicio en algunas rutas foráneas y urbanas para acarrear gente a sitios como la Plaza de la República y más recientemente al Centro de Convenciones Siglo XXI.

“Luego, cuando llegaban al poder entonces veíamos que el Gobierno del Estado les ofrecía financiamiento para renovar sus flotillas, así como la autorización de subsidios para la compra de combustible, aunque en muchos de los casos los camiones en donde se debería de usar el diésel estaban arrumbados en talleres.

“Luego, para acabar de amolar, se sabía que los beneficiados con los créditos habían incurrido en incumplimientos y que el Gobierno, en su calidad de deudor solidario, tenía que salir al quite. Eso ya no es posible, pues se sabe que es rentable la prestación del servicio de transporte urbano y suburbano.

“Yo me pregunto: si ya no pueden dar el servicio, entonces por qué no se invita a otros inversionistas. Desde luego que los urbaneros de Campeche se opondrán, porque no les conviene”, declaró el senador suplente.

Usuarios preparan manifestaciones

Aunque al finalizar la semana pasada, los vecinos de los fraccionamientos Siglo XXIII, Ramón Espínola Blanco (I, II, III), Altamira, Villas de Kalá, Ampliación Ex Hacienda Kalá, Bosque Real, entre otros, llegaron a ciertos acuerdos con la empresa que presta el servicio en la zona (Ammuscam), se sabe que de retornar las anomalías, centenares de familias se manifestarían en calles y avenidas.

Por lo pronto, se supo que tanto Ammuscam, como otras compañías en contra de las cuales prevalecen denuncias ciudadanas, han tratado de mejorar su servicio, aunque es necesario mencionar que esa es una consabida táctica de los transportistas cada vez que hay inconformidad de parte de los usuarios.

(Joaquín Vargas/ Primera entrega)