Al recorrer el tramo del kilómetro 29 al 32 de la carretera federal Carmen-Puerto Real, a orillas de la playa donde se encuentran las torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden observarse construcciones de cemento y también palapas; pero la destrucción de las dunas de arena pasa desapercibida para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Tintes políticos
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Debemos señalar que la concesión de terrenos federales a particulares tiene asuntos políticos desde las administraciones municipales de Enrique Iván González López y Pablo Gutiérrez Lazarus, y en este ecocidio se menciona a Martha Elva Velázquez López, exdirectora de Desarrollo Urbano en el periodo de Gutiérrez Lazarus, quien otorgó los permisos de construcción en la zona que es área de anidación de tortugas, destacó el presidente de Ecovigilantes de Ciudad del Carmen, Miguel Benítez Heredia.
De acuerdo con datos oficiales de la Comuna, en estos sitios el Gobierno Municipal tenía seis lotes que fueron otorgados a particulares, y desde entonces su valor ha adquirido plusvalía, sobre todo si revisamos que hace cinco años cada lote de 20 por 15 metros tenía un precio de 40 mil pesos y actualmente los terrenos de 30 por 15 metros valen 350 mil pesos.
Esto puede explicarse porque los funcionarios de las administraciones pasadas se adjudican los permisos de los predios o se los dan a amigos o políticos, sin importar los daños que ocasionen, porque la devastación de las dunas costeras ocasiona que el mar avance y cruce la carpeta de rodamiento.
Impunidad
Mientras tanto Semarnart y Profepa no efectúan ningún deslinde de responsabilidades para protección al medio ambiente; de hecho en esos terrenos se ve a personas que trabajan en la construcción de mansiones y palapas y sólo un par cuentan con sello de clausura de la Semarnat; las otras se encuentran protegidas bajo la sombra de la impunidad.
Para que esos terrenos se municipalicen o sean tomados como predios urbanos tienen que desincorporarse de la zona federal, pero está especificado que los terrenos no pueden ser otorgados como propiedad ni ser vendidos.
Sin embargo, los interesados registraron ante un notario público de la ciudad de Campeche, en coordinación con las administraciones municipales pasadas, 79 baldíos y los privatizaron.
Disposiciones
Para Benítez Heredia, una cosa es que hayan convertido los lotes en propiedades, pero al colindar con la zona federal, cualquier obra que quiera realizarse implica presentar un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y permiso de construcción de Desarrollo Urbano, además de comprometerse a respetar la flora y fauna y no usar la arena de las dunas costeras para rellenar los terrenos.
En este sentido, igual deben protegerse los derechos de vía de la zona de federal y las barreras de contención que colocó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), amén de que no tienen ninguna autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni de la CFE, instituciones que son dueñas del derecho de vía.
Devastación
“Como ambientalista atestiguo la destrucción de espacios de anidación de las tortugas marinas debido a la devastación de las dunas de arena, y el año próximo las que lleguen a desovar se desorientarán por no encontrar su nido”, expresó.
Exigió que sancionen a las personas que no tienen permiso de construcción, que sean sancionadas, y si invaden la zona federal que se encargue Profepa, porque el grupo que representa se enfoca en la cuestión ambiental.
“Siempre hemos dicho que si van construir una palapa, que respeten los árboles y que se destruya los menos posible, porque el daño que ocasionan al medio ambiente es irreversible”.
Las consideraciones de la declaración agravan el escenario ambiental y político de Carmen, pues apuntan a negociaciones que dañan los recursos de la Isla.
Por Fernando Kantún