11 meses se han cumplido en el poblado de San Antonio Cárdenas sin agentes del Ministerio Público que atiendan las denuncias correspondientes en el poblado derivado a que han decidido cerrar por completo estas instalaciones ante los últimos acontecimientos en contra de sus elementos.
Desde enero del 2020 la vicefiscalía Regional de Ciudad del Carmen informó que la sede en San Antonio Cárdenas que se tenía abierta desde el 2015 cerraría temporalmente sus puertas y con ello dejaría de existir los elementos judiciales correspondientes en un principio para una reestructuración judicial.
Y es que los pobladores indican que sus elementos fueron detectados en diferentes ocasiones ingiriendo bebidas embriagantes al interior de las unidades oficiales qué provocaron la muerte de al menos un motociclista que se impactó de manera violenta con una camioneta del Ministerio Público que se encontraba mal estacionada a orillas de la carretera.
En esos momentos la comunidad enardecida por la falta de compromiso de los elementos provocaron que retuvieran por más de 6 horas a dos efectivos del Ministerio Público quienes se encontraban en visible estado de ebriedad y que fueron rescatados por agentes antimotines de Seguridad Pública para evitar que fueran linchados.
Sin embargo, no era la primera vez que sus elementos causaban algún alboroto pues meses anteriores provocaron un enfrentamiento a balazos con pobladores de la comunidad Emiliano Zapata sin motivo aparente, estos mismos actos orillaron en su momento al vicefiscal Mario Alberto Ortiz Rodríguez encerrar de manera temporal sus instalaciones.
Actualmente la base oficial de la vicefiscalía con sede en el poblado y la única que se encuentra en toda la península está completamente abandonada y no hay para cuando se reactive, los pobladores exigen vuelvan a reabrir pues ni hay forma de realizar una denuncia judicial directa y tienen que viajar hasta ciudad del Carmen para interponerla lo que causa gastos para ellos y que en muchas ocasiones no se sigue un proceso adecuado ya que no tienen recursos para regresar a la isla y continuar con su proceso obligatorio.
Por Ricardo Jiménez