El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) realizó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en la que reportó un incremento en los delitos del fuero común en Campeche, como: robos, fraude, extorsión, amenazas, lesiones, secuestros y delitos sexuales, entre el año anterior y el censado, mientras que la confianza de las personas hacia las autoridades policiacas ha disminuido gradualmente, pues son denunciados por hostigamiento, amenazas y extorsión.
En el 2019, cerca de 22.3 millones de personas de más de 18 años fueron víctimas de algún delito en el país, a comparación con el 2018 cuando este número fue inferior a 21.4 millones; mientras que el 29.2 por ciento de los hogares del territorio nacional tuvo al menos un integrante víctima del delito.
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De las 22.3 millones de víctimas, el 92.4 por ciento no denunció por miedo a represalias, desconfió de la autoridad o las instancias de seguridad no iniciaron una carpeta de investigación al no ver factible condiciones favorables para las víctimas.
Uno de los delitos que presentó reducción a comparación con el año 2018 fue la extorsión, al pasar de 17.3% del total ocurrido, a 15.3% en 2019. Mientras que el número de personas que realizaron el pago solicitado por extorsiones pasó de 7.1% de los casos en 2018, a 8.6%.
El costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó una pérdida de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un promedio de seis mil 931 pesos por persona afectada.
Durante el 2019, el estado presentó un total de 16 mil 858 personas víctima de algún delito, esto representó una disminución del 27 por ciento a comparación del año anterior censado, los delitos más comunes fueron el fraude y la extorción, los cuales se encuentran por encima de robos, amenazas, delitos sexuales, secuestros y lesiones.
En México, las víctimas evitan denunciar porque el 36.6 por ciento piensa que es una pérdida de tiempo, el 15% desconfía de la autoridad, el 8.4 alega trámites largos y difíciles, mientras que el 3.5 acusa trato hostil por parte de las autoridades y el 0.8 teme ser víctima de una extorsión durante la denuncia.
Del 80 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en el 44.5% de los casos no pasó nada o no se resolvió el asunto tratado, y sólo el 3.7% de los casos llegó a una resolutiva mediante un juez.
Sobre la percepción de corrupción con respecto de las autoridades de Seguridad y de Justicia, el 77.3% de la población considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de los jueces, con 70.1 por ciento, mientras que el máximo organismo de confianza es la Marina, seguido por el Ejército y la Guardia Nacional.
Por Ricardo Jiménez