Culminó el conflicto entre el Gobierno del Estado de Campeche y los concesionarios del transporte público. Ambas partes llegaron a un arreglo, pero eliminaron de éste al actor principal que es el público usuario, que seguirá padeciendo las calamidades de este mal servicio, acusó el dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Alaín Sánchez López.
El dirigente sindical consideró que tanto el gobierno como los prestadores del servicio de transporte urbano y suburbano deben hacer público cuál es la realidad de dicho servicio, que siempre ha ido de mal a peor en el Estado de Campeche, cuando en otros estados de la región es un negocio rentable, que es ofrecido con un buen nivel de calidad al ciudadano.
Consideró que el paro de los urbaneros no pudo concluir sin ningún acuerdo, pues “alguna de las partes debió de transigir y en esa ruta fue ofrecido algo para dar por concluido el conflicto”.
“Resultaría lamentable que los acuerdos hayan quedado en el plano no oficial o que el asunto fue resuelto en lo oscurito. Que sí hubo subsidio, pero que se dará en forma subrepticia a los concesionarios y que éstos a cambio únicamente hayan ofrecido normalizar el servicio.
“Acá hubo algo sumamente grave pues no se invitó a la negociación a los usuarios, que son los que dan sustento o mejor dicho financian el servicio del transporte urbano y por lo tanto son quienes deben recibir directamente el subsidio gubernamental”, manifestó el representante del CATEM.
Consideró que el Gobierno debe retomar el tema y tomar en cuenta las exigencias de los usuarios, que son varios miles de campechanos, que piden que el servicio sea mejorado y que esté a la altura de las circunstancias.
Apertura a inversionistas
Otro aspecto que tanto las autoridades como los actuales concesionario del mencionado servicio es la posibilidad de la participación de inversionistas privados para que, a fuerza de competitividad, esta prestación sea mejorada.
“Los concesionarios dicen que el negocio ya no es rentable, pero se niegan a que otros participen en este negocio que evidentemente genera ganancias millonarias y que además es esencial para quienes habitamos en la capital de Campeche.
“El servicio de transporte urbano, como otras prestaciones como el de limpia, necesariamente requieren de incentivos o subsidios para que funcionen con mayor eficiencia, pero en el caso de los transportistas campechanos no se justifica un alza o la aportación gubernamental, pues se está cobrando una tarifa relativamente alta”, opinó el sindicalista.
El entrevistado consideró que el conflicto de los urbaneros concluyó, pero una vez más no fueron atendidos los reclamos de los usuarios, que son la parte que dan sustento a la existencia de este millonario negocio.
Como se publicó oportunamente a través de POR ESTO!, El 20 de enero de este 2020 los concesionarios del transporte urbano, en su mayoría empresas sociales y de capital privado que durante decenios fungieron como herramienta movilizadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la mayoría de sus eventos y proyectos políticos, iniciaron un paro parcial que propició el caos en la capital del estado.
(Joaquín Vargas)