El Tren Maya deberá estar concluido en el 2023, como lo prometió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró el secretario de Turismo estatal, Jorge Manos Esparragoza, al manifestar que no es definitiva la suspensión dictada por el Juez Primero de Distrito, con sede en Campeche, pero que además –como ya se informó a través de medios nacionales- el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) ya interpuso una queja en contra de la autoridad que otorgó el amparo provisional en referencia.
El amparo provisional que fue otorgado a particulares para suspender las obras del Tren Maya generó descontento en los integrantes de la Consejería Jurídica de la Federación y del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), quienes ya procedieron legalmente con una queja ante la misma instancia, expuso el titular de Turismo en la entidad.
Manos Esparragoza confirmó que esta acción se haya ejecutado y detalló que los conflictos suscitados han sido resultado de la importancia que toma una construcción de magnitudes enormes, como el Tren en comunidades rurales.
El funcionario estatal dijo que ante todo no hay que perder de vista los beneficios que la obra abonará a los cinco estados mayas de la Península, por donde pasarán las vías férreas y que a la institución que representa sólo le resta apoyar a las instancias federales con datos específicos en la materia.
“La interlocución con el Tren Maya realmente es de apoyo, de poder dar datos duros de la movilidad del turista, números de los cuartos de hotel, pero en sí, Fonatur lo está abanderando directamente y en cada uno de los cinco estados hay un representante”, detalló Jorge Manos Esparragoza.
Deberá estar concluido en 2023
Confirmó que la obra deberá estar concluida en su totalidad en el 2023 y que, desde la entrada en funciones, traerá diversos beneficios por donde pasará, incluidos los pueblos que ahora se manifiestan contra su edificación; a pesar de ello, manifestó que los inconformes tienen derecho a manifestarse en contra, “hay que respetar los derechos de las personas, hay que respetar los lineamientos, hay que respetar que no se afecte el ecosistema y el medio ambiente”, asentó.
Subrayó que el proyecto propuesto por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es motivo para que Campeche y los campechanos se sientan orgullosos; por tanto, hizo un llamado para concluir el conflicto en las mejores disposiciones.
“Tengo plena confianza de que se van a resolver y hay que darles solución a las personas que están en todo su derecho de poner sus puntos de vista, pero sí es necesario que se haga para un desarrollo en el sur-sureste”, concluyó de forma categórica.
Amparo provisional
Cabe hacer mención que este jueves se dio a conocer que el Gobierno Federal ya fue notificado sobre el amparo provisional que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Campeche, concedió a particulares para suspender las obras del Tren Maya, por lo que esta semana representantes de la Consejería Jurídica de la Federación y del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), interpusieron una queja ante el mismo juzgado de origen.
El encargado de dar a conocer tal situación fue el director jurídico del Fondo, Alejandro Varela, quien al ser entrevistado en Cancún, Quintana Roo, donde asistió para participar en dos eventos públicos, afirmó que el mismo lunes personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) presentó un informe justificado ante el Primer Juzgado de Distrito.
El director jurídico de Fonatur afirmó que el recurso de amparo en México es uno de los mejores instrumentos legales de protección de los derechos constitucionales a nivel internacional, pero, en el caso específico del Tren Maya, las consultas públicas se destinaron exclusivamente a las comunidades y autoridades indígenas, y de 80 mil personas con quienes trabajaron, 18 personas, no indígenas ni autoridades, ni siquiera con domicilio en Campeche, se inconformaron.
Grave golpe a la democracia
En su opinión, el juez de distrito hizo lo correcto al concederles la suspensión provisional a los quejosos, pues en primera instancia la ley protege a cualquier ciudadano a quien presumiblemente se violen sus derechos, en tanto resuelve de fondo el caso, pero anticipó que sería un grave golpe a la democracia si ratifica esa suspensión.
Alejandro Varela afirmó que no hay un solo antecedente en toda la historia del país en que se tome en cuenta la opinión de la comunidad que resultará afectada con alguna obra gubernamental.
Asunto será solventado
Por su parte, el presidente municipal de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernández, consideró que el caso será solventado, pues la Consulta que se hizo en su municipio estuvo apegada a los derechos humanos de la población.
Durante el ejercicio democrático y ciudadano (consultas y asambleas), que se llevó a cabo en los lugares que serán afectados con la construcción del Tren Maya, no se tuvo conocimiento de que se hayan violentado los derechos ciudadanos.
Sin embargo, el alcalde Mora Hernández también consideró que las personas que se están manifestando en contra del Tren Maya, en particular contra el procedimiento de aprobación por parte de los pueblos indígenas, “tienen todo el derecho de acudir al auxilio de la Justicia Federal”.
Empero, el presidente municipal de Calakmul consideró que también debe entenderse que el proceso legal que se está siguiendo no ha sido concluido, pues no han sido agotadas todas las instancias.
Sin embargo, consideró que durante el encuentro que Andrés Manuel López Obrador sostuvo con el Pueblo campechano el pasado 1 de febrero, en la Plaza de la República, quedó claro que el Tren Maya deberá estar funcionando para el año 2023.
Al respecto, es necesario mencionar que el referido día, luego de precisar que Campeche fue el Estado que tuvo mayor participación durante la Consulta Ciudadana para la aprobación del Tren Maya, éste precisó que está garantizada una inversión de aproximadamente 60 mil millones de pesos para esta entidad, en donde estará instalada casi la mitad del tendido ferroviario, que será algo así como 700 kilómetros.
El dinero que será invertido en el Tren Maya “no es crédito, son recursos que se generaron por ahorro y no permitir la corrupción; debe terminarse el tramo de Escárcega a Cancún en el 2023 y ese mismo año ya deben estar circulando sus servicios, las empresas deberán apegarse a los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y deberán respetar la propiedad del derecho de vía, sobre todo en Calakmul”, dijo en esa ocasión el titular del Poder Ejecutivo Federal.
(Jorge Chan / Joaquín Vargas)