En el documento titulado “Hablemos de ingresos en los estados”, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó que las aportaciones federales son recursos públicos con los cuales el Gobierno se pone en funcionamiento. Esto es, todo aquello que recauda o recibe algún ente público federal a través de impuestos, cuotas o aportaciones, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, transferencias, subsidios, otras ayudas y aquellos ingresos derivados de un financiamiento.
Estos recursos se dividen en ingresos propios, que son todos aquellos ingresos que los estados generan a través de sus facultades tributarias o bienes patrimoniales. La recaudación por impuesto es el ingreso propio más importante y conocido; y en Transferencias federales que son recursos que el Gobierno federal les transfiere a los estados para hacer frente a sus obligaciones. Se dividen en tres: aportaciones, participaciones y convenios.
Las entidades que menos aportaciones recibieron por parte del Gobierno Federal del Ramo 33, son Nayarit alrededor 9 mil 991 millones de pesos; Campeche, 8 mil 412 millones de pesos; Baja California Sur, 7 mil 316 millones de pesos y Colima, 6 mil 226 millones de pesos.
Por lo que, las entidades que más aportaciones recibieron son el Estado de México, 77 mil 415 millones de pesos; Veracruz, 56 mil 297 millones de pesos; Chiapas, 47 mil 584 millones de pesos y Oaxaca 42 mil 099 millones de pesos.
En lo referente al Ramo 28, de igual forma Campeche se encuentra dentro de los estados que menos recursos recibieron por parte de las autoridades federales; Nayarit, 6 mil 477 millones de pesos; Campeche, 5 mil 593 millones de pesos; Baja California Sur, 4 mil 884 millones de pesos y Colima, 4 mil 292 millones de pesos.
En el caso del Estado de México recibió 97 mil 516 millones de pesos; la Ciudad de México, 70 mil 250 millones de pesos; Jalisco, 45 mil 50 millones de pesos y Veracruz, 42 mil 35 millones de pesos.
La organización lamentó que los ingresos propios de las entidades alcanzan únicamente a representar el 12% del total de sus ingresos. Lo que demuestra una vez más, la fuerte dependencia al Gobierno federal.
“El acuerdo de coordinación fiscal es fundamental para la existencia de la federación mexicana. El actual arreglo de coordinación fiscal es desordenado y genera desincentivos a la innovación y la competencia. Los criterios que se consideran para la asignación de recursos tradicionalmente contemplan a la población y los niveles de pobreza como los elementos clave para el cálculo y distribución de recursos. Esto genera un escenario complicado para las finanzas subnacionales, en donde las entidades federativas presentan poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”, precisó.
IMCO determinó que ante este escenario es necesario otorgar una participación más relevante a los gobiernos estatales y concebir criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la rendición de cuentas y gobernanza de los recursos públicos; por lo que es necesario que las entidades federativas comiencen a recaudar más y de mejor forma.
Asentó que es necesario llevar a cabo una reforma fiscal de fondo que permita a México recaudar más del 20% del PIB de forma progresiva, al igual que las entidades federativas comiencen a recaudar más y de mejor forma.
“Otorgar una participación más relevante a los gobiernos estatales y concebir criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la gobernanza de los recursos públicos. Reducir el impuesto a la nómina para aumentar la formalidad, lo que ampliaría la base gravable. Así como fomentar impuestos que demuestren ser progresivos (a mayores ingresos, mayor tasa)”, puntualizó.
(David Burelo)