HOPELCHEN, Cam., 20 de febrero.– “La disputa por tierras que históricamente han sido de Campeche y que legalmente forman parte de nuestro territorio, no deben estar sujeta a discusión; el problema es añejo, no es nuevo y nos asiste la razón”, coincidieron en señalar el ex diputado local y ex presidente municipal Jorge Lara López y el emprendedor Rogelio Ramos Pérez.
Al pronunciarse a favor de que el Estado haga todo cuanto sea de su parte para defender cada centímetro de tierra, manifestaron que “para ello deben presentar los alegatos que seguramente nos favorecerán”.
Lara López, quien fue diputado en el periodo constitucional 1997-2000 señaló que “en su oportunidad el Gobierno del Estado trabajó fuerte para resolver el conflicto instrumentando estrategias que permitieron poner sobre la mesa los antecedentes históricos y legales que dan cuenta que en la franja de tierra que se disputa, el territorio es nuestro”.
“Por ello como alcalde en el periodo constitucional 2000-2003, el conflicto no tuvo repercusiones en el municipio en donde son cinco las comunidades en disputa que son Chun-Ek, Pach Uitz, Chanchén, Xmabén e Xcanhá, algunas totalmente y otras parcialmente”, sostuvo.
Remarcó que “el pleito tiene años de haber iniciado; Quintana Roo reclama un territorio que no le corresponde porque antes de que Quintana Roo sea Estado Campeche ya lo era y sus límites han sido respetados, por ello asegura que lo que se está haciendo ahora tiene trasfondo político y económico y antes de implementar cualquier medida se debe tomar en cuenta la hermandad, la vecindad y particularmente que Campeche tiene argumentos a su favor que deben tomar en cuenta las instancias federales, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que debe fallar a nuestro favor”.
Resaltó que “el problema no se ha agravado, pero tampoco se ha resuelto y para que se tenga todo a nuestro favor hay que actuar con sensatez y prudencia, porque no se trata de tomar acciones radicales porque al final de cuentas la gente es la que siempre pierde”.
Fue puntual al decir que “la toma de carreteras o el uso de la fuerza es porque la justicia y la política han fallado y emprender una batalla en contra de una obra como el tren maya es mucho más negativo porque Campeche se va a beneficiar con un 70% de la inversión y las obras”.
“Añeja controversia”
Por su parte, el emprendedor Rogelio Ramos Pérez se pronunció en la misma sintonía al destacar que “la controversia constitucional por los límites territoriales entre Campeche y Quintana Roo tiene más de 25 años de haber iniciado y algunos gobernadores le han entrado con ganas al asunto y otros optan por la negociación política, logrando con ello una tregua evitando desgastes económicos y sociales que a nadie beneficia.
“Además a la gente de las comunidades en disputa lo que les interesa es la solución de sus problemas en obras y servicios y si hay atención por parte de nuestro Estado, difícilmente los quintanarroenses podrán atraerlos cambiándoles cuentas de vidrio por oro, como hicieron los españoles durante la Conquista”.
Refirió que “Campeche debe mantener una actitud prudente y apegada a Derecho, ya que no se trata de hacer alardes para presionar; cuando inició el conflicto el problema era particular del municipio de Hopelchén y de Campeche con la creación del municipio de Calakmul, Hopelchén cedió parte de su territorio y es ahí donde se encuentra el mayor número de comunidades en disputa.
Consideró que “los alcaldes de Hopelchén y Calakmul tienen una responsabilidad social y más aún cuando al tomar la protesta para asumir el cargo juraron respetar y defender nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen, de esta manera el conflicto debe atenderse dentro del marco jurídico vigente e insistir ante el Gobierno Estatal para que de manera coordinada se enfoque al problema para resolverlo de una vez por todas.
“Invitar a la toma de carreteras puede derivar en violencia y en el caso de oponerse a la construcción del Tren Maya es atentar con un proyecto que tiene como objetivo impulsar el empleo, el turismo, la infraestructura y con ello el desarrollo social de nuestro Estado, porque directa e indirectamente los beneficios pueden ser para los campechanos.
“La historia y la legalidad están de nuestra parte y hay que ser cuidadosos y seguir de cerca el proceso ante la SCJN, porque Quintana Roo está minado por la violencia y no queremos eso para nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones”.
(Jorge Alberto Uc Moreno)