Desde el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley Penal, hizo una serie de observaciones a las autoridades a cargo de la Preceptoría de Menores de Kila, Lerma, en las que se mencionan desde las inadecuadas condiciones de las instalaciones, la inexistencia de reglamentos y manuales de procedimientos, así como deficiencias en el manejo de internos que sufren adicciones.
El informe en referencia fue realizado por la CNDH con el trabajo de campo realizado por visitadores, de marzo del 2018 a marzo del 2019, en los 45 centros de tratamiento interno que funcionan en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.
Como resultado de las visitas, se detectó la existencia de situaciones que contravienen diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos de las personas adolescentes alojadas en los centros de tratamiento interno, relacionadas con el trato, condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y falta de personal especializado; deficiencias en la alimentación; problemas de gobernabilidad, privilegios; así como inapropiada separación y clasificación.
La CNDH también explica que también se detectaron irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos, deficiencias en la prestación del servicio médico.
También se subraya la ausencia de programas contra las adicciones, insuficiencia de personal y de actividades necesarias para la reintegración social y familiar, falta de capacitación del personal y deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno, obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior, así como falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física.
Todo parece indicar que las autoridades estatales que están a cargo de la citada institución, nunca dieron cumplimiento a las recomendaciones del Ombudsman mexicano, ya que el pasado viernes 15 de abril, durante un operativo que llevó a cabo la Policía Estatal, se aseguraron drogas y armas punzocortantes en dicho centro de internamiento para jóvenes.
Sin embargo, en el referido informe de la CNDH se asegura que para la atención de la problemática detectada se formularon diversas propuestas a los gobiernos de los Estados y al Gobierno de la Ciudad de México, para que las anomalías detectadas fueran oportunamente solventadas.
Aunque no se ha confirmado oficialmente, se sabe que en relación con el caso, fue iniciada una investigación, cuyo propósito es detectar el grado de responsabilidad de custodios y directivos en las anomalías detectadas.
(Joaquín Vargas Aké)