Ante el reinicio de los plazos de investigación se revisarán los expedientes donde se tengan denuncias de irregularidades en el desempeño de la función pública para determinar si hay anomalías para turnarlos a las instancias correspondientes, como sucede con las imputaciones que se le hizo al ex director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, dio a conocer la secretaria de la Contraloría, Lidia Carrillo Díaz.
Tras la ratificación que hizo el Congreso de Estado a su nombramiento por el ejecutivo estatal, explicó que el pasado 9 de septiembre sostuvo una reunión con los directores de la Contraloría para conocer los pendientes, como los expedientes en trámite para la entrega-recepción.
Por lo que argumentó que desconoce a profundidad en el caso específico de este tema; sin embargo, se revisará ya que a partir del 11 de septiembre se levantaron los plazos a consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 para la resolución de las investigaciones.
“La Contraloría en materia de procedimientos, tiene que iniciar toda la investigación de la documentación que se requiera para poder emitir una resolución”: apuntó.
Explicó que en el proceso de investigación se emite una información preliminar para que con base en el informe de presunta responsabilidad, se turne a un área sustanciadora, donde se determina si es grave o no.
“Si es grave, corresponde a otra instancia que no es la Contraloría, y si no es grave nosotros vamos a dictaminar en su caso lo que resulte de la sanción correspondiente”: acotó.
Además dijo que con la nueva ley de responsabilidades ya no se acusa sino que la persona es inocente hasta que no se logre determinar lo contrario y por consiguiente que existe una responsabilidad en su desempeño público.
Reiteró que sí el acto indebido es menor le compete a la Contraloría a través de los órganos internos de control determinar la sanción correspondiente y si es mayor, pasa a la Fiscalía u a otra instancia.
La Contraloría añadió, es integrante del organismo anticorrupción y se coordina con la Auditoría Superior del Estado, además de las instancias federales como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación todo en materia de procedimientos.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción manifestó que tienen una función de investigación similar y cuentan con sus propios procedimientos.
De las sanciones a los servidores públicos, planteó que “la única instancia es la Fiscalía Anticorrupción para faltas administrativas graves”.
Por Wilbert Casanova