Luego de mantener durante casi un año en resguardo un millón 179 mil pesos que le otorgó Barrientos y Asociados a la directiva como parte de las indemnizaciones por el derecho de vía, la comisaria de Don Samuel, Lilia Hernández Vázquez entregó dicho monto ante la exposición que hiciera de la cantidad personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pese a que se expuso que ese dinero eran parte de las pruebas por la denuncia de fraude que se interpuso en contra del despacho jurídico.
El pasado 26 de septiembre en asamblea en la cancha techada de la comunidad se llevo a cabo la asamblea en donde los ejidatarios exigieron que se reparta dicho monto ante la exposición que hizo Fonatur de la cantidad que tenía en resguardo la comisaria Hernández Vázquez.
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En una asamblea que por momentos generó inconformidad por parte de los ejidatarios y se dijeron de palabras se aprobó que se repartiera el monto citado.
La cantidad se dividió entre los 223 ejidatarios que estuvieron presentes en la asamblea de los 418 inscritos en el padrón,, por lo que les toco a cinco mil 171 pesos.
De acuerdo con la autoridad ejidal son 418 ejidatarios que integran el padrón, pero que aún no depura el Registro Agrario Nacional.
Tras el pago del dinero que se realizó en el transcurso de la siguiente semana conforme autorizaba la institución bancaria la liberación del dinero, la comisaria ejidal, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por las amenazas que recibió por parte de algunos ejidatarios supuestamente por incurrir en malos manejos económicos.
Al respecto reiteró que el monto que tenía se lo notificó a Fonatur, Procuraduría Agraria e incluso a la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza para conocimiento del procedimiento jurídico que realizaba, pero también para que sean responsables ya que podía generar descontento entre los ejidatarios al presumir algún manejo de dicho monto.
Sobre todo, por la inconformidad generada por las especulaciones sobre las cantidades recibidas por los comisarios y las presunciones de recursos otorgados a las autoridades ejidales.
Tras la denuncia la denuncia en la FGE por las amenazas se encuentra en el procedimiento jurídico de comprobar en las audiencias programadas ante el Ministerio Público.
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aarl