Al no contar con interpretes durante los procesos judiciales, la población indígena de Campeche y México son las más afectadas al momento de dictarles sentencias, coincidieron el integrante de la Asociación de Interpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, Gaspar Cahuich Ramírez y la directora de Diálogo y Movimiento, Artemia Fabre Zaradona.
Esto, tras darse a conocer la detención de una persona indígena, que no hablaba español y que se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, durante la transmisión de “Martes de Jaguar”
Diálogo y Movimiento, precisa que el último registro de presos indígenas que tuvo, fue antes de la pandemia del SARS CoV2 (a principios del 2020) cuando se tenían 114 internos de alguna etnia prehispánica, aunque la dirección del penal en ese entonces solo reconocía aproximadamente a 64 personas.
Cahuich Ramírez reveló que no se tuvo conocimiento de este hecho, ni se notificó a la Asociación para poder proporcionarle un intérprete ya que cuentan con personas que hablan maya, chol, tzetal, mam, ixil y de las 42 lenguas indígenas registradas en la entidad.
Así también, lamentó que aún no se tengan avances en la impartición de justicia cuando se trata la comunidad indígena, por lo que no es casual que se registren casos como el que se dio a conocer en la conferencia de la mandataria estatal.
Aseguró que la Fiscalía General del Estado no hizo bien su trabajo, le correspondía asignarle a un intérprete desde el comienzo de la investigación e incluso cuando inicio el proceso ante el juez correspondiente.
“Los indígenas, son vulnerables ya que no tienen fuerza social ni económica, comparados con un delincuente o en su caso hijo de un funcionario, aunque ambos sean culpables de los delitos por lo que se les acusa recobran su libertad, por la presión económica y social que hacen familiares o grupos sociales a los que pertenecen”, dijo.
Por su parte, Fabre Zarandona planteó que la organización comenzó a laborar desde hace nueve años en la entidad, sin embargo, desde ese tiempo a la fecha se tienen los mismos problemas a los que se enfrentan los indígenas que están involucrados en procesos judiciales.
Agregó que se tienen avances, como la sensibilización de jueces y agentes del ministerio público, cuando reciben los cursos sobre el procedimiento jurídico a indígenas, pero se vuelve a comenzar de cero cuando los mueven del área en donde se desempeñaban.
Al final, comentó que otro problema es que el sistema de justicia argumenta no tener presupuesto para pagar a los intérpretes, lo que ocasiona sucesos como este, sin embargo, confía en que la difusión de esta situación permita generar conciencia.
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aarl