El gobierno priista saliente de Carlos Miguel Aysa y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, no transparentó desde el 2019 el destino de cerca de 43.4 millones de pesos en diversas instituciones de gobierno como fondos, instituciones de Salud y Educación, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF); al 2021, se registra la aclaración de solo 100 mil pesos.
Respecto a las auditorias que corresponden a 2019 se llevaron a cabo 22, estas derivaron en 30 acciones, 22 auditorias -18 siguen en seguimiento-; es decir, que no se ha explicado el desvío de los recursos por lo que se clasifican como “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o bien al fondo que se vio afectado”.
El caso más alarmante es el presunto desvío por 24 millones 392 mil 375 de pesos de recursos federales a través de acuerdos de coordinación, entre la Secretaría de Salud y el Estado. Estos casi 25 millones de pesos de acuerdo con la ASF, fueron utilizados para el pago de “nóminas” correspondientes al 2018 sin que se demuestre esto.
Alrededor de 5 millones de pesos del fondo de aportaciones para los servicios de Salud no se encuentran justificados, pues según el estado fueron destinados como compensaciones a “comunidades de bajo desarrollo” a 53 trabajadores de 56 postulados, sin embargo, estos trabajadores no estaban autorizados ni validados así como no hubo mecanismos que garantizaran que los centros de trabajado se establecieron en estas comunidades.
Cerca de 3 millones y medio de pesos de los recursos del fondo de infraestructura social para las entidades no fueron aclarados en el municipio de Calakmul. Se acusa de falta de documentación original justificativa y comprobatoria del gasto incurrido en el municipio de los recursos del FIDE (Fidecomiso para el ahorro de Energía Eléctrica) asignados por la Secretaría de Finanzas de Campeche (Sefin).
2 millones 12 mil 277 pesos de los recursos federales que fueron trasferidos a través de la Secretaría de Salud (SSa), se destinaron al pago de siete trabajadores a los cuales no se justificó ni se presentó documentación que avale la ausencia de los centros de trabajo; por lo que se desconoce para quiénes fueron los pagos.
Un caso del que apenas la ASF busca culpable es por daño y perjuicio al fideicomiso irrevocable de administración y distribución de recursos del Banco Nacional de Obras y servicios públicos (Banobras). De este daño, el total fue de 70 mil 255 pesos, sin embargo, por los intereses esto asciende a 96 mil 38 pesos, ya que nunca se tuvo la documentación que justificara ese gasto. En 2021 se está buscando al responsable administrativo.
Uno de los casos también más relevantes es el daño o perjuicio de 822 mil 214.14 pesos en el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. Pues se pagaron con estos fondos servicios funerarios y de cementerio, por lo que la ASF no encontró relación alguna y de esta manera no se cumple con la finalidad del fondo.
Otros 824 mil 242 pesos no se comprobaron en Candelaria. Estos fueron destinados para “el mejoramiento del albergue del municipio” a través de recursos del fondo de infraestructura para las entidades; sin embargo, la ASF mencionó que “estos trabajos no son visibles” por lo que no se pudieron verificar.
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GV