Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen señalan que, pese a las súplicas a la gobernadora Layda Sansores de frenar los abusos del director Darguin Nah Echeverría, no han dejado de violentar los derechos humanos de mujeres y hombres en el penal. Además, el juez de Ejecución de Sanciones, Didier Arjona Solís, ha intervenido en estos atropellos.
Insisten que la mandataria estatal y la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (Sspcam), Marcela Muñoz Martínez, omitieron las cartas donde dieron a conocer las condiciones infrahumanas en que resistían, y en vez de intervenir, permitieron que el director del penal de Carmen administre este espacio con maltrato y corrupción.
En particular, las PPL urgen a detener las injusticias sobre el impedimento para que obtengan los alimentos, los recursos y los productos de higiene personal que les envían sus familias. Una de las mayores exigencias es que la alimentación es incompleta e insalubre, ya que constantemente sufren enfermedades gastrointestinales y no hay atención médica de calidad para asistirlas. Por ello, giraron fotos a la casa editorial Por Esto! para dar testimonio de las condiciones en que reciben los platillos y enviaron un mensaje para que reciban una alimentación digna.
Como se recordará, este mismo sentir llevó a los internos del penal en San Francisco Kobén a realizar un par de motines en julio pasado, donde solicitaron -entre otras cosas- una mejor atención médica y la mejora en la calidad de la comida, que consistía de frijoles en mal estado y pan duro, o en su caso un llamado “caldo de oso” (es decir, de desperdicios) y cinco tortillas al día. Lo anterior desencadenó la destitución de la entonces directora del lugar, Claudia Góngora Rosado, y los jefes de custodios.
En 2019, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) calificó a los Ceresos de la Entidad con 7.3, ya que, en la medición determinada por color del semáforo, refiere que los penales apenas están en tendencia amarilla, es decir, en un nivel medio de atención.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló que se cumple con el número de internos en relación a la capacidad del centro; separación entre hombres y mujeres; supervisión del funcionamiento del centro por el titular; prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, y atención de las personas internas en condiciones de aislamiento.
En contraparte, incumple con la insuficiencia de programas para la prevención y la atención de incidentes violentos. También halló deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, presencia de actividades ilícitas y cobros.
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CC