Ejidatarios de Dzitbalché exigen que los diputados intervengan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reciban la denuncia de fraude contra el comisario Enrique Kel Cahuich, ya que de los 13 millones de pesos que recibieron del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el comisario entregó 20 por ciento a un asesor legal, Diego Veles Rivero, además de que no paga a todos los ejidatarios, ya que son 650 socios los que conforman el ejido.
Encabezados por José Arceño Cauich, explicó que recibieron 13 millones de pesos para los 650 ejidatarios; sin embargo, al asesor del comisario ejidal le otorgaron dos millones 600 mil pesos por supuestas gestiones ante Fonatur, lo que califican de fraude.
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No paga
De recibir los 13 millones, debió repartir a 20 mil 967.74 pesos para cada ejidatario; sin embargo, algunos todavía no reciben el dinero, ni tampoco les otorgan la parte que le corresponde a las viudas por derecho sucesorio, acusó.
Exigió justicia, ya que el recurso debió repartirse entre los ejidatarios además de denunciar contubernio entre el comisario y el asesor, ya que por recibir el dinero le otorgaron el 20 por ciento del total que les otorgó Fonatur, por lo que consideró que “es un monto excesivo el que le dieron”.
Por su parte, Raúl Quej González dijo que fue ilegal la asamblea en donde aprobaron el pago al asesor, porque no hubo personal de las dependencias agrarias, y entonces que solicitarán al Registro Agrario Nacional (RAN) que invalidé el acuerdo.
También explico que piden el respaldo de los diputados para que les acepten la denuncia en la Fiscalía General del Estado, en la ciudad capital, pues por jurisdicción en Calkiní deben interponerla; sin embargo, dijo que no la aceptan, pese a la configuración del delito de fraude.
Señaló que incluso hay otros delitos como abuso de confianza, tráfico de influencias, entre otros, ya que el supuesto asesor, dijo que contaba con los contactos para que proporcionaran el dinero, de acuerdo con los ejidatarios, por lo que puede haber complicidad entre los funcionarios.
Explicó que pagaron por 13 kilómetros en lugar de los 21 kilómetros, por donde pasa la vía del ferrocarril, incluida la comunidad, además de erogar 13 millones de pesos de los 17 millones de pesos, que le otorgaría al ejido.
También calificó como un abuso la cantidad que representa el 20 por ciento de comisión que se adjudicó el asesor, para presuntas gestiones por el pago de los derechos de vía, cuando es un pago que les corresponde a los ejidatarios sin que tengan que intervenir supuestos litigantes, al ser una aportación que otorga el Gobierno Federal de manera directa y sin ninguna clase de intermediarios.
Tráfico de influencias
Consideró que en todo éste asunto hay un marcado tráfico de influencias en los funcionarios de las administraciones federales, pues al contar con toda la información privilegiada luego las comparten con este tipo de abogados, pero con la intención de engañar a los campesinos y hacerles creer que de esta forma consiguen el dinero que les deben otorgar sin intermediarios.
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JG