En Campeche la familia Mouriño Terrazo forma parte de la “Mafia Agraria” que se benefició del despojo de tierras ejidales o nacionales sin que los delegados y representantes de las dependencias del sector en ese momento defendieran los intereses de los ejidatarios, acusó la abogada del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, Margarita Plácido Rivera.
La litigante coincide con lo expuesto en el estudio “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” que elaboró el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS).
En el estado se señala al clan Mouriño y aunque no especifica el segundo apellido se reconoce al padre Carlos Mouriño Atanes consolidó la compañía; sin embargo, tuvo un crecimiento acelerado el consorcio con la incursión en política de su hijo el extinto Juan Camilo Mouriño Terrazo, primero como diputado federal y luego como funcionario de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón Hinojosa y posteriormente como Jefe de Asesores y secretario de Gobernación en la Presidencia de Calderón Hinojosa.
De acuerdo con la investigación dada a conocer entre los empresarios y familias que destacan como los principales beneficiarios del acaparamiento de las tierras en Yucatán están los Chapur, los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; en Quintana Roo, destacan los Borge, los Coldwell y los Joaquín, entre otros añejos apellidos, y en Campeche (únicamente se señala) la familia Mouriño.
También se cita a "inversionistas de Monterrey y otros estados del norte del país, encabezados por el actual exjefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericana Cargill y la empresa Enerall”.
La investigación hace referencia “que la prensa ha señalado a exfuncionarios del estado de Tabasco durante la gestión del gobernador Andrés Granier Melo y del exgobernador veracruzano Javier Duarte”.
Corrupción
Plácido Rivera sostiene que lo expuesto por Mazuera es lo que sucede en el ámbito agrario de la región en donde el CCMSS ha demandado estas prácticas y situaciones que se generan en el campo de la Península de Yucatán, como parte de la corrupción de las autoridades agrarias.
Según la abogada en Campeche el acaparamiento de tierras se centra en los terrenos nacionales y en algunos casos en los ejidos, incluso ejemplificó que, con los Mouriño con respecto a Lerma, en donde construyeron su complejo inmobiliario con cancha de tenis, viviendas y un hospital, es porque se apoderaron de los terrenos circundantes con el ejido de Lerma.
Al igual que los señalamientos hacia los empresarios de la región, apunta que la familia contó con el respaldo de los funcionarios de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (eran los tiempos en que el hijo se ubicaba en el centro del poder en la capital del país bajo la tutela del expanista Calderón Hinojosa ya que, a partir del 2000, Vicente Fox Quesada gobernó al país y lo sucedió al citado Felipe) y los delegados federales eran de Acción Nacional.
Señala la abogada que la Familia Mouriño Terrazo contaba con el cobijo de estos funcionarios para la adjudicación de los terrenos nacionales tanto a empresas como a personas particulares que se hicieron de extensas superficies.
Artimañas y amenazas
Aunque en este punto cabe señalar que el líder de movimiento campesino “Tierra y Libertad”, Pedro Celestino May Can denuncio a partir de la década del 2000 la forma en que en ese entonces Carlos Mouriño Atanes despojó de 400 hectáreas al ejido de Lerma.
Incluso el 21 de mayo del 2013 en compañía de otros ejidatarios se apersonó en la sede del Poder Legislativo para exponer las acciones cometidas por el Mouriño Atanes (en ese año ya había fallecido Juan Camilo) en donde pedía que sacarán las manos del Tribunal Agrario y del expediente 1692/3-2012 así como del expediente 110/2012.
Incluso el líder campesino denuncio en ese momento y reiteradamente que los empresarios utilizaron todo tipo de artimañas además de amedrentar a las familias que se opusieron al despojo ya que mediante amenazas a través de delincuentes además de ofrecer 250 mil pesos para que entregarán las tierras que para los campesinos es el patrimonio de sus hijos.
Ante este esquema de apropiación de los terrenos, Placido Rivera insistió que se contó con autoridades agrarias, en ese entonces la Secretaría de la Reforma Agraria y posteriormente Procuraduría Agraria así como el Registro Agrario Nacional que permitieron convertir terrenos nacionales en predios con dueños, para su posterior venta o que aparecieran escrituras de supuestos propietarios que vendían las superficies a los empresarios.
Los títulos de propiedad, subrayó, de pronto aparecían en predios baldíos o nacionales cuando durante años nunca se conocía al propietario lo que permitía pedir la posesión y que se despojará de la tierra a quienes estaban asentados desde hace 10, 15 o 20 años.
Manifestó desconocer si los Mouriño lograron contar con terrenos mediante este esquema en otros puntos de la ciudad o de la Península, ya que el caso concreto de la impunidad con que actuaron se tuvo conocimiento en la comunidad de Lerma ya que algunos ejidatarios expusieron la irregularidad registrada.
Además del trabajo social que comenzó a realizar el Frente Campesino que le permitió saber el modo de actuar en Campeche de esta familia empresarial que no difiere de los mismos mecanismos de otros grupos empresariales.
Incluso citó que en los municipios de Calkiní y Hopelchén también se documenta el despojo de tierras por parte de otros empresarios como es el caso del “Mosco” Pereira que tiene infinidad de denuncias.
En Lerma también se documentó la apropiación ilegal de tierras del entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el año 2011, por el mismo May Can quién reveló las ilegalidades ya que adquirió 630 hectáreas por la cuales pago 20 millones de pesos en donde parcelaron 21 predios, pero solo vendieron 9 a empresas fantasmas.
En 2011 se descubrió a los prestanombres de Javier Duarte cuando en asamblea realizada en el ejido se presentaron como ejidatarios y nadie los conocía y fue en este año cuando el Tribunal Agrario restituyó los terrenos a los ejidatarios tras más de 10 años de pleito.