Los mecanismos mediante los cuales la “mafia agraria” despoja a los ejidatarios de sus tierras se encuentran el parcelamiento, el cambio de destino de tierras, la división de ejidos, contrato de usufructo sin cumplir con la ley de energía eléctrica y la expropiación de terrenos ejidales, detalla el estudio “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” que elaboró Gabriela Torres-Mazuera.
Para el caso de Campeche, en el rubro del programa Procede exponen que en la entidad presenta un patrón similar al de Quintana Roo en cuanto a los parcelamientos realizados en ejidos muy específicos que se incorporaron al crecimiento urbano de la ciudad de Campeche como es Lerma en el municipio de Campeche y dos ejidos en los municipios de Hopelchén y Candelaria que se parcelaron para incorporar sus tierras a la actividad agroindustrial.
En total fueron 37 mil 423 hectáreas de los municipios de Campeche, Champotón, Escárcega y Hopelchén.
Mecanismo criminal
En cuanto a la división de ejidos explica que es una estrategia para enajenar tierras de uso común, en donde se recurre a la figura jurídica de división de ejidos contemplada por la Ley Agraria.
Este mecanismo legal consiste en la separación de una parte de los bienes de un ejido, para entregarlo a otro u otros núcleos agrarios y lo deben promover cuando menos un grupo de 20 ejidatarios.
En la entidad se ejemplifica con el ejido de Xmabén, en el municipio de Hopelchén. El ejido contaba con 36 mil 808 hectáreas además de cubierta forestal. De acuerdo con ejidatarios y demás pobladores en 1999 se realizó la venta de tierras a un grupo de menonitas.
En 1990, cuando un grupo de menonitas provenientes del estado de Durango llegó en busca de tierra e inició negociaciones con los ejidatarios de Xmabén para comprar 5 mil 656 hectáreas (de las cuales unas tres mil 500 hectáreas eran monte alto).
A este grupo lo respaldaban otros 80 inversionistas menonitas quienes contactaron a un ingeniero de Durango, quien laboró en la Secretaría de la Reforma Agraria, y fungió como asesor para el proceso de “compra” de la tierra ejidal. Y les propuso que consiguieran a 21 menonitas para registrarlos como avecindados del ejido de Xmabén para luego proceder a la división del ejido que les daría “acceso seguro” a las tierras del ejido.
Por lo que el 7 de septiembre de 1999, a 21 menonitas se les reconoció como avecindados de Xmabén, un mes después, se les reconoció como ejidatarios y se les asignó en usufructo por 30 años de 5 mil 100 hectáreas del ejido.
Y pese a que algunos ejidatarios se opusieron a la venta de las tierras y denunciaron ante la Procuraduría Agraria el avecindamiento por ilegal, ya que los menonitas no eran vecinos de Xmabén. Sin embargo, las autoridades agrarias hicieron caso omiso.
Y el 28 de diciembre del 2008 se dividió legalmente el ejido de Xmabén y se creó el ejido de Nuevo Durango conformado por 21 ejidatarios y 5 mil 656 hectáreas.
Revelan que de acuerdo con un menonita entrevistado, la expectativa es hacer cambio a dominio pleno de la totalidad de la tierra ejidal del ejido recién creado como un compromiso con los inversionistas; no obstante, otra forma de privatizar o despojar a los ejidatarios de sus terrenos es mediante “Contratos de usufructo que no cumplen con la Ley de Energía Eléctrica y priorizan el beneficio empresarial”.
Aunque en este esquema hay una intermediación que advierten conlleva problemas de diferente tipo, no solo porque la negociación entre ejidos y empresas pasa por terceros, sino porque puede inmovilizar las tierras de los ejidos en caso de que no se realice el proyecto.
En el estado sucedió, en el ejido San Nicolás en el municipio de Calkiní, el cual se dio un usufructo por 30 años, la totalidad de la superficie ejidal de 5 mil 130 hectáreas. De acuerdo con los intermediarios, el pago que la empresa Vive Energía realizaría al ejido iniciaba con 25 mil pesos aumentaría año con año, de acuerdo con la ganancia por la producción de energía eólica. Además, en el contrato se acordó que los ejidatarios podrían usufructuar la tierra.
Aunque el proyecto fue inviable debido a que la subestación eléctrica más cercana estaba a 10 kilómetros y para sacar la energía se requería el derecho de vía de todos los ejidos vecinos, lo cual fue imposible de conseguir.
Por lo cual el proyecto nunca se realizó, pero el contrato de usufructo se mantuvo, lo cual afecta, hasta la fecha, a los ejidatarios de San Nicolás, quienes ya no pueden tener acceso a proyectos productivos o beneficios por parte del gobierno.
En el caso de las expropiaciones subraya que también es una forma de despojo, pero ahora por el Gobierno Federal e incluso los estados que impulsan diversos tipos de megaproyectos en donde los ejidos nunca son indemnizados por sus tierras.
SY