“La controversia constitucional entre Yucatán y Quintana Roo en donde Campeche es el tercer interesado no debe ser un pretexto para retrasar la ejecución de los 100 millones de pesos para estudios y suministro de agua en las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, en la franja fronteriza que aprobó el Congreso de Quintana Roo”, sostuvo el representante legal de las comunidades, Andrés Blanco Cruz.
Subrayó que el conflicto limítrofe no debe ser una excusa mediante la cual se retrase la ejecutoria de los amparos que ganaron las poblaciones ante laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recibir el agua potable que demandan.
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Campeche presenta amparo contra Quintana Roo por conflicto de agua en zona limítrofe
Recordó que desde hace 30 años estos asentamientos humanos han expuesto la solicitud de contar con agua potable; sin embargo, las autoridades de ambas entidades hacen caso omiso a la petición, aunque ahora fue el Poder Judicial de la Federación el que resolvió a favor de estas poblaciones.
Reconoció que existe un antecedente positivo en la ejecución de obras de servicios o infraestructura a favor de estas comunidades, como ocurrió con el caso de San Antonio Soda, por lo que advirtió que recurrirán a los recursos legales que les confiere la ley para obtener el servicio de agua potable.
Recordó que mediante un amparo federal lograron que se les dotará de agua potable, pero de igual forma hubo resistencia del gobierno quintanarroense para hacer la obra. Y también hubo reticencia del anterior secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara, quien tampoco quería radicar los recursos aprobados.
Explicó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la vecina entidad aún no recibe los recursos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Yohanet Teódula Torres Muñoz, para hacer los estudios técnicos que tienen un costo de 4 millones 400 mil pesos, de acuerdo al organismo.
Por lo que debe responder ante el juez primero de distrito, con sede en Chetumal, e incluso planteó que de no acatar la resolución judicial se lo puede destituir del cargo por no cumplir con la resolución del Poder Judicial.
“Desafortunadamente la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Teodula Torres Muñoz, no ha mostrado voluntad de liberar los recursos ya autorizados para los pobladores de estas comunidades”, apuntó.
Recordó que ya son más de 30 años de que se fundaron estas poblaciones y todavía no tienen acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico de forma salubre, aceptable y asequible; motivo por el cual recurrieron a las instancias judiciales para valer este derecho humano de primera generación
SY