Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado “se tiran la pelota” en la defensa de la controversia constitucional de Yucatán contra Quintana Roo y Campeche como tercero interesado, y dejan fenecer la lucha limítrofe porque escamotean los recursos para el pago de los trabajos de cartografía, historia, lingüística y antropología que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó el presidente del Comité Pro-Defensa de los Límites de Quintana Roo AC., Reilando Blanco Baeza.
Asimismo, destacó que la controversia constitucional se encuentra en etapa de pruebas, sin embargo, por la pandemia del COVID-19 los plazos se encuentran detenidos y eso ha ayudado a los tres Poderes de Quintana Roo.
Los peritajes son los más importantes dentro de la controversia, aparte de que nos asiste la razón jurídica de la Constitución que indica en dónde están los límites de Quintana Roo, sin embargo, los peritos contratados por el Estado, no han realizado los trabajos por falta de pago, aseguró.
En conferencia de prensa, afirmó que no hay un responsable en Quintana Roo en la defensa de la controversia constitucional, porque el Consejero Jurídico no quiere asumir la responsabilidad de ejercer los recursos para el pago de los peritajes, “entonces le haga un llamado al gobernador Carlos Joaquín para que nombre al secretario de Gobierno coordinador de esas acciones con el objetivo de llevar a buen término la etapa procesal”, aclaró Blanco Baeza.
Confía en lograr la sentencia favorable a Quintana Roo
Son varios los peritajes que ordenó la SCJN que se elaboren para la defensa de la controversia constitucional, entre los que se encuentran: la cartografía, de historia, de lingüística, de antropológica y otros, pero ninguno se ha hecho y desahogado, dijo.
El Poder Judicial, por medio del magistrado presidente José Antonio León Ruiz, ya informó que no tiene recursos para el pago de los peritajes, y que los recursos surjan de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para el pago de los peritajes.
La XVI Legislatura, por medio del diputado Gustavo Miranda, se comprometió en aportar 30 mil pesos mensuales a finales de 2020, pero se redujo en 15 mil pesos en noviembre y diciembre del año pasado, dos en uno, y en 2021 no hay nada seguro, abundó.
En tanto, el gobernador Carlos Joaquín González, en la controversia constitucional, solo ha manifestado que se va a defender el territorio.
Pese a todo, Blanco Baeza confió lograr la sentencia favorable a Quintana Roo por parte de la SCJN en una superficie de 10 mil 200 kilómetros cuadrados.
CT