Un grupo armado presuntamente contratado por un político de Escárcega agredió a pobladores de comunidades rurales ubicadas cerca de Aguacatal, informó la defensora de derechos humanos, Clotilde Herrera, quien detalló que incluso hay personas desaparecidas a manos de los agresores, los cuales incendiaron casas y mataron el ganado.
La activista y delegada estatal del Centro Internacional de Justicia Alternativa (CIJA) visitó los asentamientos de San Juan, Aguacero y Beraca, ubicados en la carretera hacia Centauro del Norte, cerca de Aguacatal, para escuchar en persona a los afectados, quienes dijeron haber sido golpeados y amenazados por este grupo de gente armada que obedece, según, a una disputa de tierras en la que estarían relacionados personajes políticos quienes presumen ser los dueños de cientos de hectáreas donde se hallan estos predios.
Sin embargo, las 29 familias agredidas afirman que se trata de reservas territoriales del estado, además de llevar más de 15 años de habitar la zona.
De acuerdo con lo que describieron los residentes, los agresores eran provenientes de otras comunidades y portaban armas de fuego y machetes.
Los pobladores ofrecieron resistencia al ataque, pero fueron sometidos por esta suerte de “mercenarios” que una vez controlada la situación comenzaron a quemar las casas y pertenencias de las personas, así como a liquidar al ganado: caballos, borregos y hasta aves de corral, aunque algunos de estos animales fueron robados por los atacantes.
Se presume también que los agresores se llevaron a un grupo de personas que siguen desaparecidas; una de estas, una niña, logró escapar junto con algunas mujeres que atravesaron los matorrales durante varios kilómetros hasta llegar a los poblados cercanos, en donde pudieron contar su historia y recibir resguardo.
Sin embargo, debido a las dimensiones de varios kilómetros de área verde, no se ha logrado ubicar el sitio donde está el resto de los plagiados.
De acuerdo con la activista, los pobladores solicitaron la presencia de las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, a las cuales las víctimas acusan de ponerse del lado de los agresores.
La delegada del CIJA dijo que están en la realización del trámite para que el Ejército o la Guardia Nacional (GN) intervengan y apoyen a las familias afectadas a las cuales les violentaron sus derechos humanos.
SY