Campeche, con cuatro denuncias penales por irregularidades financieras: ASF

La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 34 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra los gobiernos estatales y municipales de la Península de Yucatán por desvío o simulación en la reintegración de recursos provenientes de fondos, programas y subsidios federales.

De 2001 a 2017, el máximo órgano fiscalizador del País interpuso tres denuncias penales en contra del Gobierno de Quintana Roo y del Gobierno de Campeche, respectivamente, y una más al Gobierno de Yucatán.

Los ayuntamientos de Yucatán acumulan más querellas: 22; en comparación con Quintana Roo y Campeche que registran acusaciones contra tres y dos municipios, respectivamente.

Esta información fue obtenida del informe “Denuncias penales presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2018, así como relacionadas con la simulación de reintegros”, con fecha de corte del 19 de marzo de 2021.

Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que el máximo órgano fiscalizador ofrece a los gobiernos un periodo de tiempo para aclarar las observaciones realizadas al gasto federal y, en caso de no hacerlo, procede a interponer una acusación ante la FGR.

“Cuando no se atiende la observación queda manifiesto que hay un problema, un problema que no se pudo resolver, o que hubo una afectación. Normalmente, la Auditoría hace una observación y pide que se solvente… le da la oportunidad a las dependencias y a los gobiernos a que solventen esa observación… el que no se solvente alguna de estas observaciones, quiere decir que hubo mal uso de los recursos, dependiendo el tipo de auditoría, podría ser un desvío, podría ser una ineficiencia, pero si queda sin solventarse quiere decir que hubo un mal uso de los recursos públicos”, expone.

Tras Quintana Roo

En 2013 la administración encabezada por el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, desvío recursos millonarios del Fondo para la Infraestructura Social Estatal que provocó un boquete en las finanzas públicas.

El 11 de mayo de 2017, un año después de que Borge Angulo dejara el Gobierno estatal, la ASF interpuso dos denuncias penales por daños a la Hacienda pública federal en la ejecución del gasto de dicho fondo.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública federal por un monto de 22 millones 69 mil 529 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por transferir recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal del ejercicio fiscal 2013 a otras cuentas bancarias, en las que el Estado administró y mezcló recursos de otras fuentes de financiamiento”, evidenció la ASF en el informe de auditoría.

Ese mismo informe de auditoría señaló el pago injustificado por un millón 421 mil 659 pesos por la falta de documentación que acredite los trabajos realizados de la obra “Construcción de Puente Vehicular” ubicada en el camino rural Escárceaga-Chetumal, en el Municipio de Othón P. Blanco.

El 12 de junio de 2017 el órgano fiscalizador del Poder Legislativo interpuso una querella en contra del Gobierno de Quintana Roo por transferir 421 mil pesos de la cuenta del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) a otros fondos, y por la falta de aplicación de penas por un monto de 999 mil 600 pesos. Lo que provocó un daño a las finanzas públicas de un millón 420 mil 800 pesos en 2014.

Sin embargo, la administración estatal anterior ni la actual encabezada por Carlos Joaquín González han logrado acreditar el uso correcto del dinero recibido en 2013 y 2014.

Campeche, lo persiguen anomalías de 2010

Las irregularidades en el gasto federal persiguen al Gobierno de Campeche desde hace más de una década.

En 2010 la Auditoría detectó que la Secretaría de Educación Pública realizó pagos millonarios anómalos a trabajadores con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Entre las observaciones presentadas en el informe de auditoría, se evidenció el gasto de 20 millones 147 mil 400 pesos en compensaciones salariales a trabajadores bajo conceptos no reconocidos. También erogó un millón 765 mil 900 pesos en renumeraciones a 57 servidores públicos que contaron con algún tipo de licencia sin goce de sueldo, así como el pago de 727 mil 100 pesos a cinco empleados que buscaron un cargo de elección popular.

“La SE comisionó indebidamente a 90 trabajadores federalizados en la sección 04 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado), con goce de sueldo y realizó pagos por 25 millones 974 mil 900 pesos cuando dichas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo”, observó la Auditoría.

“Se ejercieron 438 mil de pesos de recursos del FAEB para pagos de conceptos de gastos que no corresponden a los fines y objetivos del fondo, como son: arrendamiento de la bodega de libros de texto, adaptación y adecuaciones de oficinas en la dirección general de profesiones y dirección de educación media superior y superior de la SE, pago por inserción en el diario tribuna de Campeche Reconocimiento y Respaldo al Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional SNTE, compra de regalos de fin de año: un refrigerador, una estufa, una lavadora, un televisor y otros artículos”.

Lo que derivó en tres acusaciones penales interpuestas ante la FGR en septiembre de 2015.

La danza de los millones en Yucatán

En 2014 la ASF observó que el Gobierno de Yucatán entonces liderado por Rolando Zapata Bello gastó indebidamente 30 millones 674 mil 300 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, principalmente destinado a compras y obra pública.

“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de adquisiciones y obra pública”, se observa en el informe de la auditoría.

El 11 de mayo de 2017 el máximo órgano fiscalizador del País interpuso una denuncia  ante la FGR por afectación al Erario que ahora deberá resolver el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Y también las alcaldías

Los municipios de Yucatán registran el mayor número de denuncias penales interpuestas por la ASF ante la FGR por desvío y simulación en la reintegración de recursos federales: el 13 por ciento de los ayuntamientos.

En tanto, en Quintana Roo y Campeche, se registran tres y dos municipios, respectivamente.

De 2001 a 2018, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo interpuso 22 querellas contra 14 municipios de Yucatán por irregularidades en la ejecución de distintos fondos, programas y subsidios federales que fueron transferidos de 1999 a 2016.

Los municipios que arrastran una denuncia penal en su contra son: Chichimilá, Panabá, Maxcanú, Valladolid, Hunucmá, Muna, Timucuy, Tixcacalcupul, Sotuta, Mayapán, Teabo, Cantamayec, Yaxcabá y Tekax.

En tanto, el 19 de diciembre de 2001 la ASF denunció al Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente a Campeche, en la entonces Procuraduría General de la República por daño a la Hacienda pública federal en 1999; y el 20 de julio de 2018 lo hizo en contra de la Comuna de Candelaria por gastos irregulares en recursos recibidos en 2014.

En 2017 el órgano fiscalizador denunció al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, por gastos irregulares en un fondo federal ejercido en 2012; y ese mismo año, también interpuso una acusación más al Municipio de Tulum por malversación de recursos obtenidos de la federación en 2016.

Improbable que termine en castigo

Montes explica que el trabajo de fiscalización del gasto por parte de la Auditoría es limitado, al realizar observaciones que envía a los gobiernos y dependencias, y depende de éstos últimos si las atienden, por lo que las malas prácticas se repiten.

“El esfuerzo de la Auditoría ahí queda y muchas veces en el informe la Auditoría sí pone el problema que encontró y cómo se podría corregir. El problema es que esto ya no corresponde a la Auditoría, corresponde a las dependencias… El hecho de que (las observaciones) no se sigan hace que la Auditoría, una y otra vez, esté haciendo las mismas recomendaciones. Entonces, al hacer la detección, la Auditoría busca que se corrija y que se sancione haciendo estas denuncias, pero también que se prevenga para que ya no vuelva a suceder, eso ya le corresponde a cada dependencia”, explica.

“(El trabajo) tiene mucha incidencia desde punto de vista mediático, tiene mucha incidencia desde un punto de vista reputacional. Lamentablemente, no se le da el seguimiento que se debería, tanto cuando hay una denuncia penal como a corregir este tipo de cuestión”, dice.

Aunque la ASF interpone querellas contra las dependencias o gobiernos que realizan un mal uso del dinero público, el porcentaje de acusaciones investigadas y sancionadas son realmente bajos.

“Este problema puede deberse a muchas causas. De entrada, a la lentitud y complicación del sistema penal mexicano, también puede deberse a las capacidades y recursos de la Fiscalía General (de la República) y también de las fiscalías estatales, pero el efecto es que, a pesar de que se están encontrando problemas y lo suficientemente graves como para hacer una denuncia penal, no se están atendiendo”, evidencia.

“No hay una disuasión a dejar de cometer actos de corrupción, porque yo como servidor público cometo un acto de corrupción… y si lo detectan (la Auditoría) y me denuncian penalmente, es muy poco probable que yo vaya a terminar en un castigo”, expone.

“Entonces, al hacer poco probable que haya un castigo, pues entonces los servidores públicos que se presenten ante una oportunidad de desviar recursos, pues al menos no van a considerar tanto un problema el posible castigo. Y eso sí es algo de un tema de impunidad muy presente, no sólo en denuncias penales sino en impunidad en todos los delitos. Sin duda alguna no permite corregir y mandar un mensaje de corregir las acciones que está detectando la Auditoría”.

SY