La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) modificó el presupuesto para el pago del rubro de Servicios Personales en más de 103 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019 del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año; fue justo en ese rubro donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades por 12.2 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la ASF, la Unacar no ha solventado hasta el momento 12.2 millones de pesos que le fueron ministrados a través del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, dichos recursos federales son entregados precisamente para el pago del rubro de servicios personales.
En una revisión de la cuenta pública de la universidad, se observa que la institución tenía previsto erogar 392 millones 372 mil 384 pesos que le fueron aprobados a principio de ese año; sin embargo, en el transcurso del año presentó ampliaciones por 103 millones 17 mil 698 pesos en el concepto de Servicios Personales, por lo que al final del año devengó 495 millones 390 mil 82 pesos, un incremento del 26 por ciento de lo que originalmente le fue aprobado para ejercer.
El órgano fiscalizador determinó que la Unacar registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, y a las obligaciones de transparencia por no remitir los estados financieros dictaminados al Gobierno del Estado de Campeche.
A través del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales la institución recibió un monto total de 347 millones 145 mil pesos, de los cuales se hallaron cinco anomalías principales con las que se determinaron 12 millones 289 mil 107 pesos pendientes por aclarar.
Entre las irregularidades se encuentran pagos no autorizados por el convenio de colaboración para apoyo financiero, no por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como otros que excedieron el límite máximo del tabulador autorizado.
En enero de este año la Universidad del Carmen presentó documentación para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas, pero hasta el momento la unidad auditora ha determinado que la información y documentación no reúne las características necesarias de suficiencia, por lo que no se han solventado los más de 12.2 millones de pesos.
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JG