Aunque el 22 de octubre del 2020 entró en vigor la prohibición de privatizaciones de playas en el país, para garantizar el libre acceso a los balnearios, tal parece que esta reforma se aprobó demasiado tarde, porque gran parte del litoral se encuentra privatizado y, sobre éste, zonas residenciales fueron edificados, situación que impide el acceso a las personas, mencionó el litigante Jesús Rodríguez Plascencia.
Añadió que con las adiciones a diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró su compromiso de hacer valer el marco normativo y trabajar para que todos los mexicanos puedan disfrutar de sus playas.
Con ello se pone fin a la privatización en favor de intereses particulares y quedan abiertos estos espacios para que todas las personas por igual ejerzan su derecho de libre tránsito.
Las reformas a la LGBN establecen en el tercer párrafo del Artículo 8, que el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) contigua a ellas “no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento”.
En abril de este año, esta reforma “adiciona a una faja de 10 metros a las playas marítimas, a partir de la pleamar hacia tierra adentro”, con el fin de garantizar su uso público, libre y gratuito.
También se modifican los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre, con el objetivo de reducir a 10 metros su extensión de ancho de tierra firme, en función de los nuevos límites de las playas marítimas.
En ese tenor, Rodríguez Plascencia precisó que en un segundo párrafo para el Artículo 127 se detalla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes con la Zofemat deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas.
Deben ser libres
Por otra parte, varias familias dieron a conocer que las playas deben de ser libres para las personas, por ser zonas federales y se debe frenar la privatización de las mismas por particulares.
La familia Damián Hernández mencionó que existe una ley que prohíbe la privatización de las playas; sin embargo, en todo el país prolifera la venta de los balnearios y Ciudad del Carmen no es la excepción.
Refirió que falta mano dura de las autoridades para evitar que las playas pasen a manos de unos cuantos y que sean liberadas para que la ciudadanía pueda acceder con facilidad a ellas.
La familia Hernández Lastra coincidió en que las playas son nacionales y que por lo tanto no se deben privatizar. Mientras tanto, indican, las autoridades de la Semarnat deben realizar las investigaciones para recuperar las playas que se adjudicaron empresarios y políticos.
No obstante, Jennifer Jasso expresó que las personas tienen el derecho de entrar a las playas para convivir con su familia, por lo cual la Semarnat debe dejar de concesionar los espacios federales que privatizan los balnearios, como se aprecia a lo largo del kilómetro 31 de la carretera Carmen-Puerto Real.
Walter Loreto Quiroga y familia indicaron que la privatización de las playas es algo incorrecto y que la Semarnat hace mal en otorgar concesiones de playas a particulares, como las residencias que se encuentran a la orilla de las playas y que carecen de libre acceso para las personas.
“Las playas son de todos los ciudadanos, tenemos el mismo derecho de gozar de ellas, si la Semarnat no ha entregado las concesiones de las zonas federales, que hagan las investigaciones para recuperarlas”, aseguró la familia Loreto Quiroga.