A prácticamente 25 días de que fueron tomadas por los abogados de los trabajadores las instalaciones de la Junta Especial 52 de la Junta Federal de Conciliación y Registro Laboral (JFCA) con sede en Ciudad del Carmen, la Secretaría del Trabajo yPrevisión Social todavía no da una respuesta que favorezca tanto a los trabajadores cuyos expedientes están en esta, como funcionarios y defensores, “hasta el día de hoy persiste la cerrazón por parte de la STPS y es por eso seguimos acá”, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solamente les envía prevenciones señaló Ana María Aldrete Paredes y Alejandra Ramos, abogadas litigantes en derecho laboral.
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Desde el pasado 4 de noviembre inició la toma de las instalaciones de la Junta Especial 52, que a la fecha ya suma 17 días hábiles y ya son 25 que los defensores laborales se turnan por guardias para mantener la presión hacia la autoridad.
Ana María Aldrete Paredes dijo que siguen en espera de una respuesta por parte de las autoridades de la JFCA y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues desde que se reunieron con Andrea Falcón y los representantes de Luisa María Alcalde Luján el pasado 17 de noviembre y no ha habido respuesta por parte de la autoridad laboral. “Estamos en espera de una respuesta que nos favorezca a todos, trabajadores que tienen expedientes por resolver, funcionarios, empresas, y nosotros los abogados, que también estamos en el limbo”.
Explicó que en caso de que esta Junta se cierre, es anticonstitucional, porque el acuerdo por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que tendrá que ser hasta que el último expediente esté resuelto, “pero ellos quieren cerrarlo lo más pronto posible y la principal afectación que dejará su cierre es económico porque habrá atrasos en los expedientes, ya que cuando se intentó cerrar y con mayor personal que la Junta Federal 48 de Campeche, ahora dónde pretenden llevar los más de cuatro mil 700 expedientes; realmente en la capital va a ser más difícil porque no tienen personal suficiente”.
Aldrete Paredes subrayó que si se lleva la Junta a Campeche afectará a todos, principalmente al trabajador, “si ellos están peleando por algo que no les han pagado ahora van a pagar más por ir a checar su expediente y que le den continuidad”.
Por su parte, Alejandra Ramos señaló que a más de cinco días de que interpusiera los amparos indirectos en contra de dicha decisión, la única respuesta que ha dado el Consejo de la Judicatura Federal es preventiva, es decir, que para los amparos procedan los abogados tienen que complementar las demandas para que sean aprobados. ”Estamos esperando la respuesta sobre si proceden o no los juicios, pero el Poder Judicial de la Federación no ha resuelto los amparos, pero seguiremos aquí hasta que haya una respuesta a nuestras demandas, que es la del no cierre de esta Junta hasta que se resuelvan los expedientes”.
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AA