Campesinos de la comunidad de Santa Cruz Pueblo en el municipio de Hecelchakán exigieron la intervención del Gobierno de Campeche para que un particular les regrese sus terrenos, ya que la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no quiere hacer la medición de la superficie que les pertenece, pese a contar con la resolución a su favor tanto del juez civil como del penal, dio a conocer Rosendo Bacab Pantí.
En Palacio de Gobierno, una comisión solicitó audiencia con la mandataria estatal y los programaron para el próximo 22 de febrero.
Bacab Pantí explicó que el problema jurídico lleva nueve años por la posesión de la tierra, sin embargo, la población labora en los terrenos nacionales desde hace 25 años y comprueba que son los legales posesionarios de las 2 mil 236 hectáreas en disputa.
Consideró que, durante los gobiernos priistas, daban largas a su petición de justicia y los enviaban de una oficina a otra, por lo que esperan que, con la nueva administración estatal, puedan resolver el litigio que en estos nueve años confirmó que son dueños de los terrenos.
Reveló que incluso dos de los habitantes fueron amenazados por el personal de Rogaciano Sánchez Hernández, presunto propietario, por lo que presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE Campeche) ya que fueron amenazas de muerte.
Destacó que cuentan con los dictámenes a su favor, tanto del juez penal como civil, sin embargo, la Sedatu aún no acuden a la medición de la superficie, pese a la solicitud hecha con el argumento de que no acudieron a las dos notificaciones que les hicieron.
Argumentó que no tienen conocimiento de ello y estaban en espera de la resolución del juez para determinar si eran los propietarios de la superficie en donde laboran desde hace 35 años.
Dijo que los apiarios que cultivaban permanecen en dicha área, ya que cuando los retiraron del lugar, con armas de fuego, tuvieron que abandonar los terrenos ante las amenazas que les hicieron.
Indicó que llevan el procedimiento legal respectivo para que reintegren la superficie que les pertenece, pero advirtió que también pueden recuperar sus terrenos de la misma forma en que fueron desalojados y será responsabilidad del Gobierno de Campeche lo que suceda en estas condiciones de no demostrar interés a la petición que hacen.
Lamentó que en la denuncia interpuesta comenzaron 80 personas, aunque por los nueve años que ya pasaron, sólo quedan 40, ya que la desesperación por no recuperar sus tierras propicia que dejen el proceso legal.
Planteó que esperan una respuesta positiva de la administración estatal y que presione a la Sedatu para que realice la medición y comprueben que los terrenos son suyos y no de un particular, como aduce el presunto propietario. En representación de los afectados asistió José Lorenzo Ayil Pantí.
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CG