El gobierno de Campeche ocasionó una afectación al erario público por 7 millones 643 mil pesos al no regresar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) esa cantidad relacionada con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del 2020 cuando estaba en funciones Carlos Miguel Aysa González, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Se determinó un monto por 7 millones 862 mil 364 pesos, en el transcurso de la revisión recuperaron 218 mil 904 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7 millones 643 mil 460 pesos están pendientes de aclaración”, detalla el documento.
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El monto original, de 7.8 millones de pesos corresponden a 960 mil pesos por omisión de reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2021, 118 mil pesos por penas convencionales no aplicadas, 6.5 millones de pesos por la no conclusión de obras y conceptos pagados no ejecutados y 42 mil 900 pesos por falta de documentación comprobatoria del gasto.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal que representa el 7.0 por ciento de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, indica la Auditoría.
Esto representa incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 14 Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche y Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento.
La ASF agrega que el sistema de control interno del Gobierno del Estado muestra que incumplieron las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, “ya que no existió congruencia entre lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los registros del cierre del ejercicio”.
No atendidos
Por otra parte, la Auditoría informó que, como parte de su análisis, llegaron a 27 resultados, de éstos, en 15 no detectaron irregularidades, ocho fueron resueltos antes del informe de la ASF y cuatro generaron observaciones y son considerados como no atendidos.
El primero es que el gobierno de Campeche, durante la auditoría, envió copia certificada de los reintegros extemporáneos que suman 218 mil 904 pesos, sin embargo, quedan por devolver 960 mil 286 pesos.
Como segundo pendiente, la ASF menciona que hacen falta 118 mil pesos relacionados con las obras: construcción de cuarto dormitorio en las localidades de Vicente Guerrero, Moquel, Mayatecún I, Adolfo López Mateos, Chilam-Balam, Revolución, Seybaplaya, Ley Federal de Reforma Agraria, Champotón, Felipe Carrillo Puerto en Champotón, San Francisco de Campeche, Lerma, Chiná, Castamay, Pich, Alfredo V. Bonfil, Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 9 Cayal, Chemblás, Kobén e Imí, ambas ejecutadas por la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi).
La Auditoría encontró que las obras “no cumplieron con el plazo de ejecución establecido en el contrato, ya que presentaron un atraso en la ejecución por nueve meses, debido a que existieron conceptos pagados no ejecutados, sin haber celebrado los convenios modificatorios respectivos; también, comprobó que no aplicaron penas convencionales por incumplimiento a causas imputables al contratista, que en la fecha de la revisión asciende a un importe de 118.4 miles de pesos”.
El Gobierno del Estado entregó información que justifica los conceptos pagados no ejecutados que causaron las penas convencionales, sin embargo, la Auditoría concluyó que “no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
Por otra parte, hay un faltante de 6.5 millones de pesos relacionado con las obras de la construcción de cuartos dormitorios en diversas localidades por 2.9 millones de pesos, mientras que en San Francisco de Campeche, Lerma, Chiná, Castamay, Pich, Alfredo V. Bonfil, Cayal, Chemblás, Kobén e Imí son por 3.6 millones de pesos. También, hay conceptos pagados no ejecutados por 123 mil pesos y 181 mil pesos.
El cuarto señalamiento no atendido por la Entidad se relaciona con “adquisiciones de bienes para obras ejecutadas por administración directa, que fueron realizadas por la SDR como ejecutor de los recursos del FISE del ejercicio fiscal 2020”.
Bajo este concepto encontraron pagos para la compra de combustible que no corresponde en cantidad y volumen aplicados, pues hay una diferencia mediante los controles denominados “Bitácora Mensual de Vehículos” por 42 mil 900 pesos.
La ASF recibió información donde indica que la diferencia se deriva de una contraprestación efectuada por el proveedor del servicio, sin embargo, la Auditoría indica que “carece de la documentación que establezca que esa contraprestación estaba incluida en el contrato respectivo como parte del costo de la gasolina, por lo cual se considera como no atendido”.
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JG