Durante los últimos nueve meses de la administración de Carlos Miguel Aysa González, fueron entregados aproximadamente 22 millones 165 mil pesos en 104 contratos de honorarios, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, información que está disponible a la consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos convenios de prestación de servicios fueron solamente para 25 personas, los cuales renovaron en diversos casos antes que estos concluyeran.
Los pagos eran en 11 exhibiciones y tenían un valor promedio de 15 mil pesos mensuales, los cuales terminaban con el doceavo pago que tenía un “extra” del 100 por ciento; es decir, en la última exhibición daban 30 mil pesos. En el más austero de los casos, otorgaban al prestador de servicios un convenio de trabajo por seis mil 500 pesos mensuales.
Las tres personas que obtuvieron más ganancias con estos contratos fue en primer lugar Germán Montiel Lugo, cuyo monto total asignado fue de un millón 508 mil pesos en el documento con número 004/2021, mismo que tuvo como fecha de inicio el cuatro de enero de 2021 y concluyó el 31 de diciembre de 2021; fue renovado al menos tres veces.
En segundo estuvo Martín Góngora Panti, cuyo monto total otorgado fue de un millón 300 mil pesos, que de la misma forma inició el cuatro de enero de 2021 y fue repetido tres veces más, para concluir el pasado 31 de diciembre de 2021. En tercero, Ana Elisa Vargas Rosado, que se adjudicó un millón 40 mil pesos, en el contrato con número 005/2021, que tuvo como fecha de inicio el cuatro de enero y culminó el 31 de diciembre del mismo año, luego de tres renovaciones.
Irene Yazmín García Cámara, “aviadora”
Aparte, Irene Yazmín García Cámara se embolsó 273 mil pesos durante 2021, igual en 12 pagos por concepto de honorarios, tras ser beneficiada con el contrato 016/2021 de Consejería Jurídica Externa, avalado por la administración de estatal de Carlos Miguel Aysa González, pese a su cargo en la función pública de Procuradora Fiscal en el Gobierno del Estado.
La funcionaria, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), laboró como consejera externa desde el cuatro de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año pasado, por lo cual el Gobierno Estatal le pagó en ese periodo 21 mil pesos por mes, más un pago más de 42 mil al finalizar su contrato.
Respecto al tema, la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida por Bernardo Lanz Novelo, guardó silencio ante el caso de Irene Yazmín García Cámara, funcionaria que hasta noviembre de 2021 aún era procuradora fiscal en el Gobierno del Estado.
Está casa editorial decidió cuestionar a la institución dirigida por Lanz Novelo sobre si García Cámara seguía en la dependencia, pero personal del organismo estatal rechazó la petición.
Cabe recordar que la última información de García Cámara circuló durante el 30 de noviembre de 2021, cuando la Secretaría de Gobierno Estatal publicó en la plataforma de Facebook la presentación ante el Congreso de Campeche de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche.
En la publicación, García Cámara representó al secretario Bernardo Lanz Novelo durante la entrega de los Proyectos de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado, así como las reformas al Código Fiscal del Estado y a la Ley de Hacienda del Estado para su análisis.
Otros más austeros
En el caso de los contratos más austeros, está el de Diana Laura Caballero Matoz, que firmó por un monto anual de 338 mil pesos, con número de contrato 013/2021 y que abarcó del cuatro de enero al 31 de diciembre de 2021, luego de tres renovaciones más. En este tipo de contrataciones de servicio, con montos inferiores a 10 mil pesos, hay seis personas más, entre los cuales se destinó un monto total de dos millones 28 mil pesos.
Todos los contratos de prestación de servicios fueron revisados y aprobados por Olivia del Carmen Rosado Brito, que en ese entonces tenía el cargo de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, cuyo nombramiento fue otorgado el primero de agosto de 2019, por mandamiento expreso del exgobernador Carlos Miguel Aysa González, quien rindió protesta el 13 de junio de 2019.
Cada una de las personas contratadas tiene establecido en sus contratos que prestaron sus servicios de “asesoría jurídica externa”, pero en ningún momento se especifican los registros de las actividades que realizaron en colaboración de la dependencia. Además, en el caso de los contratos que tuvieron una mayor adjudicación de recurso, fueron renovados el 31 de marzo de 2021, previo al inicio de la veda electoral, por lo cual se extendió la duración inicial de tres meses a un año, cuando aún era gobernador Carlos Miguel Aysa González y Carmen Rosado Brito fungía como consejera jurídica de Campeche.
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JG