La alcaldesa de Campeche escondió una propiedad al presentar su declaración patrimonial ante el Poder Legislativo y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y señalar que sólo posee dos vehículos, por lo cual miente al no mencionar una vivienda en Las Flores, la cual, el mes pasado autoridades ministeriales catearon al vincularla con el exedil Eliseo “N” a quien trataban de localizar.
En el caso de la alcaldesa de Champotón, Claudeth Sarricolea Castillejo, en su declaración patrimonial que brindó el 30 de noviembre de 2021, a pocos meses de rendir protesta como edil, expuso que no tiene en propiedad ningún inmueble, lo único que declaró es una camioneta de la marca Hyundai, de modelo Tucson del año 2019, adquirida a través de un crédito de compra-venta por la cantidad de 519 mil 500 pesos.
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En el apartado de cuentas bancarias la presidenta municipal indicó que solamente tiene dos, una de nómina donde percibe sus ingresos provenientes del erario público, y otra de sociedades de inversión con recursos registrados en México; agregó que no posee fideicomisos, beneficios privados, participaciones en empresas o apoyos públicos, a pesar de tener al menos tres años como funcionaria cuando fue diputada local en el periodo 2018-2021.
Por su parte, Biby Karen Rabelo de la Torre, en la declaración patrimonial que entregó el pasado 28 de mayo del 2021, dio a conocer que no posee bienes inmuebles a su nombre, a pesar de que es de conocimiento público que tiene una residencia en el fraccionamiento Las Flores II, la cual fue allanada por autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes trataban de localizar al exalcalde prófugo de la justicia Eliseo “N”, pues se le relaciona a la actual alcaldesa con el exfuncionario.
Un secreto
Entre los bienes que declaró Rabelo de la Torre destacan dos automóviles, ambos pagados en una sola exhobición y de contado, el más reciente es un Volkswagen tipo Vento 1.6 Triptonic Starline del año 2019, con valor en el mercado comercial de 165 mil pesos; el otro es un automóvil de la marca Dodge modelo i10 GLS Safety del año 2014, por el cual sólo pagó 75 mil pesos, cuando el precio para el público en ese mismo año era de 174 mil 900 pesos.
En el apartado de cuentas bancarias, la alcaldesa de Campeche indicó que solamente tiene un adeudo bancario por un préstamo personal por la módica cantdad de 14 mil 83 pesos que solicitó el nueve de noviembre de 2020.
Dijo que no posee fideicomisos, beneficios privados, participaciones en empresas o apoyos públicos, aunque tiene tres años como funcionaria pública, en el periodo 2018 al 2021 fue diputada local por el segundo distrito en el municipio de Campeche, hasta ahora que es presidenta municipal.
Por su parte, al tratar de localizar la declaración patrimonial del alcalde de Hopelchén, Emilio Lara Calderón, se detectó que no es de conocimiento público, de acuerdo con lo plasmado en la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario no autorizó que la información sea vista y prefiere mantenerla en la secrecía de los ciudadanos.
El resto de los alcaldes del Estado, como Juanita Cortés Moo, de Calkiní; Silvestre Lemus Orozco, de Escárcega; Ángela Cámara Damas, de Palizada; José Dolores Brito Pech, de Hecelchakán; Pablo Gutiérrez Lazarus, de Ciudad del Carmen; Francisco Farías Bailón, de Candelaria; Cinthia Velázquez Rivera, de Seybaplaya; Karla Uc Tuz, de Tenabo; Luis Alvarado Moo, de Calakmul y Roberto Herrera Maas, de Dzitbalché tampoco han rendido su declaración patrimonial, con lo cual quebrantan la norma establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Es obligación
De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como obligación de los servidores públicos presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala lo mismo en los artículos 32 y en la fracción IV del artículo 49.
Señala directamente que están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, todos los servidores públicos estatales, los cuales van desde jefes de departamento hasta el Gobernador de la Entidad, lo mismo para quienes resguarden información clasificada como “reservada” o “confidencial”, y aquellos que recauden, administren, reciban o ejerzan recursos públicos económicos, materiales o humanos, como es el caso de los alcaldes.
Lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indica que aquellos servidores públicos que incurran en omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de su patrimonio, podrían ser inhabilitados por un periodo de tres meses a un año de su cargo.
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JG