Por considerar que fue privado de su libertad al ser retenido contra su voluntad por un mes por personal del Centro de Rehabilitación para Alcohólicos, Neuróticos y Drogadictos “El Despertar”, José Bonilla López presentó una denuncia al Ministerio Público de la Vicefiscalía de Justicia en Carmen, que quedó asentada en la carpeta No. 4068/22-3-AC, con dos personas detenidas por la presunción del delito; sin embargo, los acusados quedaron en libertad, al cumplir con sus 36 horas de arresto.
Bonilla López de ocupación pensionado, señaló que, el 11 de junio a las 19:30 horas aproximadamente se encontraba en el patio de su domicilio ubicado en la avenida 10 de Julio, cruzamiento con la calle 38, de la colonia Limonar, cuando interrumpieron su propiedad cerca de cuatro personas, quienes llegaron a bordo de una camioneta, los cuales ingresaron a su predio, sin previa identificación con palabras amenazantes lo sometieron y maniataron para luego trasladarlo a una vivienda del fraccionamiento Arcila.
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Expresó que debido al maltrato del cual fue objeto, el pasado 12 de julio lo llevaron a servicio médico en la clínica del IMSS de Santa Isabel porque se sentía mal de salud, y cuando era atendido por una doctora, le escribió en un papel que necesitaba ayuda porque estaba secuestrado; el personal del IMSS pidió apoyo a la Policía Municipal, quienes llegaron al nosocomio, a bordo de camionetas y moto patrullas y lograron detener a dos de los integrantes del Centro de Rehabilitación, para ponerlos a disposición de la Vicefiscalía, mientras que él como afectado procedió con la denuncia, en el que pide que se hagan las investigaciones pertinentes contra los centros de rehabilitaciones que violan los derechos humanos de las personas.
Indicó que los actos que usaron las personas, quienes luego en la vivienda de la colonia Arcila, se identificaron como integrantes de un centro de rehabilitación, los considera violatorios a sus derechos humanos, así también por la forma en que actuaron sin su consentimiento como acto delictivo en que se puede considerar como privación ilegal de su libertad, que se encuentra en el Código Penal Federal, con reforma en el párrafo primero del Artículo 364, en el que señala que impondrán de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al particular que prive a otro de su libertad, cualquiera que sea el tiempo de su detención; pero si la privación de la libertad excede de un día, la pena de prisión se aumentará un mes por cada día.
La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
Mientras que en el Código Penal del Estado de Campeche, en su título vigesimocuarto privación ilegal de la libertad y otras garantías; capítulo único, Art. 329.- Se aplicará la pena de un mes a tres años de prisión y hasta cien días multa, al particular que, fuera de los casos previstos por la ley, detenga a otro en una cárcel privada o en otro lugar por menos de ocho días. Si la privación ilegal de la libertad excede de ocho días, la pena será de un mes más por cada día.
El quejoso manifestó que en el lugar donde permaneció sin voluntad propia por un mes, recibió maltrato, y que los alimentos que sirven en ese sitio, son denigrantes; además que pudo observar que a los internos de ese lugar a quienes sus familiares les llevan despensas, no se los entregan, y que allí el trato es inhumano, por lo que dijo que aparte de la denuncia que interpuso en el Ministerio Público, en el que expresa que lo que le sucede en su persona será responsabilidad de la gente que lo retuvo sin su consentimiento; también presentará una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos.
Bonilla López pidió públicamente al Fiscal General de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, a que instruya al personal de la Vicefiscalía de Carmen a que hagan las investigaciones pertinentes en la casa que funciona como Centro de Rehabilitación, por la presunción en delitos graves que se cometen en ese lugar como, privación ilegal de la libertad, lesiones intencionales, entre otros, en agravio de los internos.
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JG