Campeche

Congreso de Campeche promueve dar 13 años de prisión a secuestradores de menores

Diputados de Campeche enviaron la propuesta de aumentar la sentencia a secuestradores a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su evaluación
La sentencia será de 13 años, además de una multa de un año / Alan Gómez

En la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, fueron abordados cuatro asuntos en la orden del día, para lo cual acudieron al recinto legislativo 31 diputados de los 35 que conforman la cámara local, una de los asuntos que abordaron fue la aprobación donde el presidente de la Directiva declaró que el Poder Revisor de la Constitución Política del Estado de Campeche aprueba en definitiva la reforma al art. 43 y, la adición de un párrafo tercero al art. 72 de la Constitución Política del Estado.

En la lectura de las iniciativas, fue promovida una reforma para adicionar el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de Campeche, prevén incrementar hasta en cuatro años y medio a quien incurra en la retención o sustracción de una persona si esta es en agravio de una niña, niño o adolescente menor de doce años de edad, por lo que si el imputado es declarado culpable, podría afrontar hasta 13 años y medio de prisión, así como 390 días de multa.

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“Un menor de doce años sustraído es mayormente susceptible de sufrir traumas generados por el modo en que vive y lleva a cabo la sustracción, recordando que, en algunos casos, se realiza de forma violenta y desmedida, lo que se contrapone sin duda al derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”, expuso Idalí Sosa Huchín.

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Además, los legisladores dieron lectura a la Iniciativa para reformar las fracciones VI y VII, y adicionar las fracciones VIII, IX, y X al artículo 32 quater de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, para que la normativa esté regida por tres principios rectores, los cuales serían el principio de autonomía, de buena fe y de igualdad y no discriminación, propuesta que fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y asuntos de la familia para su análisis.

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CC