Al hacer una radiografía del primer año de la administración de Layda Sansores San Román y de acuerdo con la Misión 1, Gobierno honesto y responsable, del Informe que fue compartido por link a través de redes sociales, se observó que los Órganos Internos de Control (OIC) realizaron 552 verificaciones financieras de los ejercicios fiscales 2021 y 2022 sobre la cantidad de 3 mil 945 millones 514 mil 267 pesos.
La revisión dio como resultado 107 observaciones ante la forma poco clara en la que fueron ejecutados 116 millones 106 mil 661 pesos hasta el mes de mayo. Cuando la titular del Poder Ejecutivo local había cumplido nueve meses, la administración estatal apenas pudo comprobar en qué ejerció el 1.62 por ciento de los recursos, es decir, 1 millón 883 mil 981 pesos que corresponde sólo a 16 observaciones.
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Además, en este contexto del Primer Informe de la administración de Sansores San Román se reconoció que aún continúan en proceso de solventar las 91 observaciones restantes con la documentación que obra en su poder, lo que quiere decir que en poco más de nueve meses de gestión sólo hubo la solución de 16 observaciones.
También, referente al programa operativo 2021 los Órganos Internos de Control realizaron 560 verificaciones de procesos y programas que corresponden al cumplimiento de la normatividad respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles, almacenes, así como al cumplimiento de contratos, acuerdos y convenios; el resultado de la observancia fue de 78 en cuanto a la operatividad de la administración estatal y a duras penas lograron solventar cuatro, es decir, apenas el cinco por ciento.
Tras las auditorías y revisiones que realizaron los OIC del mes de septiembre del 2021 hasta el mes de mayo del presente año, fueron presentadas 32 denuncias de carácter penal contra servidores públicos en la FGE, sin que hasta el momento haya avance en la judicialización de los expedientes, pese a que se ha repetido en diversas ocasiones que han logrado promover las denuncias, la judicialización de los expedientes, así como la conclusión de los litigios.
Y referente al apartado de transparencia y rendición de cuentas, el documento que entregó Aníbal Ostoa precisó que —sin especificar fecha de inicio— hasta mayo del 2022 el Gobierno del Estado tiene de conocimiento 217 procedimientos de investigación administrativa derivados de diferentes auditorías, de las cuales 78 emanan de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 21 de la Auditoría Superior del Estado (Asecam); tres de la Secretaría de la Función Pública (SFP); cuatro de la Secretaría de Contraloría (Secont); y 111 de quejas y denuncias de carácter civil.
Así, en el primer año de gobierno de Layda Sansores fueron iniciados 155 procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales 146 aún están en proceso, nueve están concluidos y de ellos, seis servidores públicos fueron sancionados, a los cuales les impusieron una amonestación pública, inhabilitación y suspensión temporal.
Cabe señalar, que en la Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental del 2022 del Inegi, 219 mil 94 campechanos perciben un mal desempeño del Gobierno, aunado a que el 50.5% de los habitantes revelaron tener problemas para realizar trámites burocráticos.
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JG