Luego de 6 días en los que estuvo bajo resguardo policial los inmuebles del Poder Legislativo, este lunes por la mañana fue retirada la cinta de acordonamiento del Congreso de Campeche, por lo que fueron retomadas las actividades con normalidad, sumado a que fue realizada la octava sesión ordinaria, donde fue presentada la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y sus Municipios.
Desde las 8:00 de la mañana de este lunes, personal del Poder Legislativo pudo ingresar de nueva cuenta al inmueble luego de seis días en los que estuvo bajo resguardo policial, con normalidad, pero aun con un par de elementos uniformados en su interior, fue abierto el acceso a los diputados, personal operativo y administrativo.
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La octava sesión del tercer año de ejercicio constitucional, dio inicio en punto del mediodía con 16 minutos, cuando la diputada presidenta de la mesa directiva Irayde Avilez Kantún dio la declaratoria de la sesión, donde estuvieron presentes 32 de 35 representantes populares.
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En la parte de la lectura de los dictámenes e iniciativas de ley, fue presentada ante el pleno la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios, que pretende establecer la moderación en el uso de los recursos como un valor fundamental y principio del servicio público.
Entre los principales puntos que aborda la ley, establece que, en el Poder Ejecutivo, elimina la contratación en servicios de asesoría, consulta, despachos externos, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras.
Es decir, todas aquellas que sean contratadas para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis o recomendaciones, que pudiesen ser requeridas para el cumplimiento de las obligaciones del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, prohíbe la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a cargo del erario para cualquier servidor público de los tres poderes del Estado, municipios y organismos constitucionalmente autónomos, además, evita la compra de vehículos automotores de lujo en todos los sujetos obligados para labores administrativas.
Además, fue aprobada por unanimidad de votos la iniciativa para reformar las fracciones II, III, IV y VI, y el párrafo tercero del artículo 160 y adicionar un Capítulo VI bis denominado “Esterilidad Forzada”, con los artículos 159 Bis, 159 Ter y 150 Quáter.
Esta reforma, señala que será sancionada con una pena que va desde los tres hasta los 10 años de prisión, a quien cometa el delito de esterilidad forzada a través de la práctica u orden para realizar en una persona cualquier procedimiento, sea químico, quirúrgico o de cualquier otra índole que le provoque esterilidad.
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GC