Las unidades del servicio de transporte público: taxis, combis colectivas y autobuses urbanos que no pasen el control o no sean verificadas durante los primeros 90 días, como lo marca la Ley de Transporte del Estado, serán retiradas de circulación y remitidas al corralón, en su caso. Y los concesionarios y permisionarios serán acreedores a una sanción de acuerdo a la ley que marca la obligatoriedad de este ejercicio, señaló Eddy Enrique Cu González, encargado de la Subdirección de Inspección del Instituto Estatal de Transporte (IET).
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Informó que el pasado 19 de enero se realizó el primer día de verificación en Ciudad del Carmen donde examinaron alrededor de 220 vehículos, y este fin de semana se realizó la segunda revisión de 500 unidades del servicio de transporte público, de un parque vehicular en la Isla de entre mil 130 a mil 140 unidades.
Dijo que los permisionarios y concesionarios tendrán hasta el 31 de marzo para cumplir con sus obligaciones y respecto a las unidades que fueron observadas, han sido regulares, dando cumplimiento a las observaciones que se les realizaron para continuar con los trámites, como la adquisición de nuevas placas. “Hemos tenido un mínimo de las unidades que se han presentado porque tenemos reportes o quejas de la ciudadanía de que se encuentran en muy malas condiciones; son unidades que no se han presentado y estamos a la expectativa que dentro de este periodo de 90 días que la ley otorga se acerquen para hacer las correcciones”.
Cu González subrayó que después de este periodo de 90 días se harán actividades de verificación en todos los municipios y a aquellas personas que no hayan cumplido, sus unidades les serán retiradas.
En caso de que no cumplan por situaciones económicas, se atendrían a lo que marca el reglamento; es decir, serán retiradas de circulación y se les impondrá una sanción, aunque dependerá de las circunstancias. Sí se realiza un operativo individual, el IET los remitiría a los corralones y en caso de que sea un operativo en conjunto con la Policía Municipal, los remitirían a los corrales, y las multas serán conforme a la Ley de Transporte del Estado.
Asimismo, dijo que no se tiene un dato exacto de cuántas unidades han sido observadas, pues llegan a las 08:00 horas y tienen observaciones como rótulos, cambiar la tapicería o algo más; entonces, es un cálculo, primero estuvo observado, pero antes de que concluya el operativo ya se solventó, “pero sí se puede hablar de un margen módico de alrededor de 10 unidades de las unidades de transporte urbano que se checaron hasta el momento”.
En los últimos meses, ha aumentado la tensión, de hecho, entre el director del IET, Raúl Cárdenas Barrón y los empresarios del transporte que poseen concesiones al indicar que el funcionario ha incurrido en actos de corrupción.
Este enfrentamiento llevó a que en enero pasado un grupo de 26 representantes de organizaciones del sector sostuvieran una reunión con el secretario de Gobierno, en la cual pidieron abiertamente su renuncia, al declarar que Cárdenas Barrón no trabaja de la mano de los transportistas ni para mejorar el servicio y brinde una atención de calidad a los usuarios.
La respuesta de Cárdenas Barrón fue que estos representantes de los transportistas lo que no soportaban es que se les exigiera que respeten la ley, alegando que “quieren hacer lo que quieren”.
Por lo mismo, explicó que las sanciones continuarían y que a la fecha eran de cuatro diarios, lo que era esperable causaran enojo entre los afectados.
Respecto a la clase de denuncias, el funcionario apuntó que la mayoría son administrativas, es decir, por la vía de las inspecciones; las otras eran contra operadores, pero estas son anónimas.
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LV