Diputados de Movimiento Ciudadano (Moci) exhibieron que tan solo en los primeros meses de la administración estatal actual que encabeza Layda Sansores San Román, periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2021, no se justificaron 367 millones 179 mil 361.01 pesos, además de que se cometieron irregularidades como adjudicaciones directas y malos procedimientos administrativos.
En conferencia de prensa, Paul Arce Ontiveros, presidente de la bancada de Moci en el congreso local, señaló que la tarea de los legisladores no solo es aprobar los recursos, sino verificar que se ejecuten de manera correcta, por lo que a través de la Comisión de Fiscalización se llevó a cabo un análisis de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del 2021 en la que existieron irregularidades tanto en la administración de Carlos Miguel Aysa González como en los tres primeros meses de la de Layda Sansores San Román.
“Podemos ver que todos los contratos se fraccionaban y se adjudicaban y creo que esas son unas de las cosas más graves”, expuso.
En ese escenario, cada uno de los seis legisladores presentes exhibió las observaciones realizadas en el periodo de septiembre a diciembre de 2021 por un total de 367 millones 179 mil 361.01 pesos, de los que 33 millones 305 mil 43.65 pesos se hizo mediante adjudicación directa, es decir, sin procesos debidos y que posiblemente fueron entregadas a amigos, compadres y familiares.
De la misma forma se expuso que en el Poder Judicial hubo incumplimiento a disposiciones legales que se refiere a denuncia por no presentar declaraciones patrimoniales.
Mientras que, en el caso de la Fundación Pablo García, el legislador Jesús Aguilar, señaló que aun cuando su titular Carlos Ucán Yam se la ha pasado exhibiendo a deudores, también de septiembre a diciembre del 2021 no se comprobaron ni justificaron pagos por 438 mil 748 pesos, además de que existen gastos que no fueron aprobados por la junta de gobierno, pagos de becarios no registrados en contabilidad, a lo que se suman gastos excesivos en alimentación por un monto de 40 mil 600 pesos, adjudicación directa y consumo de gasolina sin justificar además de condonación de adeudos.
En el caso del ICATCAM indicaron que existen pagos sin comprobar por 1 millón 402 mil 856.13 millones de pesos, además de que no se pagó impuesto sobre nómina, en tanto que por parte del Indesalud son 477 mil 909.39 pesos de pagos sin comprobar, además de procedimientos administrativos mal elaborados, en tanto que por parte del Instituto del Deporte por 3 millones 353 mil 499 pesos no comprobados.
Añadieron que en la Secretaría del Bienestar encabezada por la esposa de Alejandro Gómez Cazarín presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, son 3 millones 479 mil 540.55 pesos, sin comprobar, además de adjudicaciones directas y reta de equipo de audio por una suma importante.
En ese mismo escenario indicaron que la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) y el Instituto Campechano (IC) entregaron adjudicaciones directas, se hicieron pagos sin documentación, además de presuntos desvíos de recursos, por un total de 8 millones 816 mil 396.27 pesos.
Tras señalar la falta de austeridad por parte de la administración actual, ya que aunque se dijo que no utilizarían las aeronaves, en la Secretaría de Administración y Finanzas existen observaciones por 10 millones 703 mil 24 pesos, por asuntos como reparación a la aeronave por 2 millones 863 mil 344 pesos la cual se hizo mediante dos contratos
Y adjudicaciones directas a empresas que no estaban en el padrón. Añadieron que se suman también 5 millones 519 mil 680 pesos por consultorías y la compra de una base de datos por 2 millones 320 mil pesos.
"Lo más preocupante es la compra de una base de datos, ahí nos tendríamos que preguntar qué información compraron, si es una base de datos donde están los teléfonos, nombres de todos los campechanos o de números de todo el país para ayudar a quien va a ser candidata al gobierno de la República Claudia Sheinbaum, no lo sabemos", expuso Ontiveros.
En lo que respecta al Cobacam indicaron que son 15 millones 114 mil 343.57 pesos sin justificar ni comprobar, además de adjudicaciones directas y pago a proveedores sin inscripción en el padrón de proveedores.
Asimismo, señalaron que en el caso del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) existe un monto bastante escandaloso y preocupante, sin comprobar por 50 millones 580 mil 261.35 pesos, además de que no coinciden los comprobantes con los gastos, no se entregó financiamiento a los partidos, agrupaciones o candidatos independientes, situación que consideraron debe investigarse a fondo para saber qué pasó con ese dinero, además de no pagar impuestos de nómina ni del IMSS.
La diputada Mónica Fernández Montufar, detalló que en el Isstecam existe déficit de 88 millones 273 mil 965.05 pesos.“Ustedes saben que los recursos del Issstecam son los que sirven para que los empleados de los gobiernos que han estado trabajando por años en las administraciones públicas puedan tener una jubilación digna, en las caminatas que he hecho hay muchísimos jubilados que se quejan de que están teniendo muchísimos problemas para poderse jubilar, no quisiera pensar que ya no hubiera dinero para que ellos se jubilaran porque mientras ellos se reparten el botín, las personas que han estado viviendo en Campeche por años y que hemos hecho posible lo que Campeche sea lo que hoy es, pues probablemente no van a tener como jubilarse, los de Morena roban, mienten y traicionan”, comentó.
En lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, indicó que hay una cifra escandalosa por 182 millones 94 mil 780.30 pesos que no se ha comprobado “lo que quiere decir que ha habido desvío de recursos y corrupción en las entidades y secretarías del estado”. Se trata de la Chácara, el palacio municipal de Palizada y la Ciudad Administrativa, las cuales son obras deficientes, no tienen títulos de propiedad y se adjudicaron de forma directa.
Recordó que cuando compareció la anterior secretaria de obras públicas, en su momento ella informó de todas las anomalías, ya que por más de 3 millones de pesos se construyó una carretera en Hecelchakán, misma que no puede ser transitada actualmente por haber sido mal hecha; de la misma forma se ejecutaron 8 millones de pesos en la reconstrucción del centro cultural “La Chácara” cuya mitad del predio es del gobierno del estado y la otra mitad de un particular.
“Este predio no es del gobierno del estado, no cuenta con los permisos de construcción, no cuenta tampoco con la anuencia de haber podido salvaguardar la norma donde se dice como se debe electrificar un predio, mucho ojo porque los que van a la Chácara son niños, ya que tampoco cuentan con supervisión de protección civil municipal ni estatal”, dijo para luego agregar que se efectuaron erogaciones por más de 10 millones de pesos por el palacio municipal de Palizada, otro predio que tampoco es del gobierno estatal, ni cuenta con derechos de protección civil, entre otros.
Referente a la ciudad administrativa, los legisladores expusieron que son 135 millones 502 mil 466.55 pesos por concepto de electrificación, suministro e instalación de plantas de emergencia, alfombra, muebles de baño y gritería, obras que no son utilizadas, además de que se pagaron, pero no existe evidencia de su existencia.
En ese escenario, indicaron que continuarán con estas revisiones a las cuentas públicas a fin de exhibir las irregularidades cometidas.
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JG