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Escrito por Wilberth Casanova
El desalojo de los habitantes de la comunidad de Santa Cruz en el municipio del Carmen fue ilegal reconoció el Gobierno del Estado, por lo que los afectados presentarán una denuncia ante órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Contraloría reveló el abogado de las víctimas, Luis Felipe Pérez Ramírez.
Al término de la reunión que sostuvo una comitiva con el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno, Arturo Aguilar Ramírez, acordaron que los desalojados pernoctarían en albergues en Aguacatal y en la ciudad capital, para realizar los trámites jurídicos pertinentes.
Previamente otro grupo de personas desalojadas, denunció que algunos de los integrantes de Mariela Guzmán López no eran habitantes del asentamiento urbano sino guatemaltecos y centroamericanos por lo que cuestionaron que pretenda incluirlos como posesionarios de la tierra.
Además, denunciaron que al menos 20 familias que conforman la comunidad aportaron 200 mil pesos entre el pago de ingreso de 35 mil pesos y aportaciones de 1000 pesos para los trámites en los últimos años.
Pérez Ramírez manifestó que los funcionarios estatales rechazaron “que haya habido una instrucción de la Gobernadora y del Secretario de Gobierno” para el desalojo “y nos dejaron las vías expeditas para promover en consecuencia ya lo jurídico para defender los derechos de las personas despojadas”.
Explicó que promoverán una denuncia ante el órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado ya que la orden de desalojo se emitió “de manera indebida actúo de mala manera la Fiscalía General de Escárcega en emitir una resolución o una medida precautoria de aseguramiento de inmueble”.
Puntualizó que la vicefiscalía en Carmen emitió la orden de desalojo aunque fue una violación para los desalojados porque debió investigar para “poder judicializar posteriormente y en caso de que se diera el delito de despojo”, un juez debe emitir la sentencia y ordenar la orden de desalojo.
Abundo que no les notificaron a los habitantes, “no les dieron oportunidad de poder ejercer un derecho o alguna acción legal para poder defenderse”, ya que la denuncia que interpuso el apoderado legal fue el 23 de marzo y de acuerdo con las leyes de Campeche para ordenar las acciones precautorias “no debió de haber pasado menos de 2 años” y las personas radican en el inmueble desde 2006, “entonces es violatorio de todas formas, la manera en que actuó la Fiscalía”.
Reiteró que la denuncia de presunta invasión la presentaron el 23 de marzo de 2023 por lo que el desalojo “lo hicieron de manera arbitraria, fue una gran violación ahí”.
Por otra parte, un grupo de desalojados como Gilberto Chino Salazar, Concepción Cruz Moreno, Nicolasa Cruz, Vladímir Montaño Herrera e Iván Gabriel Cruz Martínez advirtieron que algunos de quienes forman parte de los habitantes de Santa Cruz que acompañan a Mariela Guzmán López no son posesionarios sino de Guatemala o de otros países centroamericanos.
Por su parte Yenni Sánchez Méndez exhibió los moretones en sus brazos ante la fuerza empleada para desalojarlos.
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LV
