Dos mujeres originarias del municipio de Carmen acudieron al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de personal del Poder Ejecutivo, debido a que una de sus familiares incurrió en la sustracción de menores e incluso el uso indebido de agentes del servicio público para amedrentar a las afectadas, quienes de acuerdo con su versión de los hechos, han sido recluidas en Anexos, así como amenazadas de muerte.
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Sonia Hernández exigió en reiteradas ocasiones la intervención de las autoridades persecutoras en el Estado, debido a que su hermana sustrajo a su menor hija de su domicilio para privarlas de la visita tanto de su madre, como de la abuela, bajo el argumento de que la infante ha sido ultrajada por familiares cercanos.
“Ella -su hija- y su acompañante nos amenazaron con una pistola, la llevamos a un lugar, luego nos avisaron que su hermana la tenía, desde el mes de junio del año pasado novemos a la niña, desde eso nos dijo que nos iban a llegar documentos de los abogados para quitarnos a la niña, pero cuando le dijeron que ella había sacado a la niña ilegalmente ya no hizo nada”, dijo.
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Por su parte, Consuelo Hernández Canul, abuela de la menor, aseguró que las denuncias que han interpuesto ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) no han procedido porque la hermana es pareja de una persona ligada directamente al exalcalde de Candelaria, Salvador “Chava” Farías González, por lo que este ha movido influencias para que en el Centro de Justicia para la Mujer (CJM) en los municipios del sur, hagan caso omiso de sus denuncias.
Expusieron que la sustracción de la menor en la que incurrió su hija va a cumplir dos años este uno de junio, por lo que exigió a las autoridades en el Estado que realicen su trabajo de forma adecuada, para que las vicefiscalías en los municipios sureños dejen de proteger a Antonia del Carmen Hernández.
Precisaron que los abogados a los que han acudido les han dado la espalda a los pocos días que comienzan con el papeleo para pelear por la menor, por lo que actualmente, la acusada tanto la niña radica en Champotón, donde son protegidos por personal de confianza del exalcalde candelarense.
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LV