La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana cuenta con 850 millones de pesos para vestimenta y demás requerimientos para sus elementos, además de 23 millones de pesos para capacitación que desconocen su ejercicio, manifestó el diputado federal de Morena, José Luis Flores Pacheco, al cuestionar además los 7 mil 790 millones de pesos destinados a la corporación en estos años.
Planteó que a partir de la manifestación de los policías, es que empiezan a salir las irregularidades en el desempeño de los funcionarios y también a cuestionar en qué destinan el presupuesto autorizado para los distintos rubros de la seguridad pública en el Estado.
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Reconoció que el Poder Legislativo cuenta con diputados morenistas que ya vieron y escucharon lo que vivieron los hombres y mujeres que acudieron al operativo fallido en el penal de Kobén el pasado 15 de marzo, pero además que “están viendo el mal manejo de recursos”.
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Detalló que “hay 850 millones para el tema de vestimenta de lo que necesita un policía”, pero también cuenta con “23 millones de pesos para capacitación y hay en su totalidad más de 7 mil 790 millones de pesos para todo el tema de seguridad”.
Criticó que tengan un presupuesto elevado para este rubro de la administración pública, y que a los elementos policiacos les cobraban por la pinchadura de una llanta, o los pagos de diésel, anticongelante y el mantenimiento de las unidades de su trabajo, por lo que ahora los intimidan o los amenazan por exponer estas irregularidades.
Indicó que todas las ilegalidades no se sabían, “se sabe a partir de todo esto, pero ¿qué es lo que está haciendo la gobernadora? usar el recurso público para condicionar a los policías y de esa manera tratar de cooptarlos, eso es lo más ruin”, apuntó.
Por otra parte, expresó que como parte del respaldo jurídico a los elementos de la corporación policiaca, ya presentaron denuncias ante Contraloría por el tema de los altos mandos, así como en la Fiscalía Anticorrupción y en la Secretaría del Trabajo por el tema laboral.
Acusó que el Gobierno del Estado incurre en violencia institucional, psicológica y laboral, además de las amenazas y calumnias porque los acusa de delitos que no están cometiendo.
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JY