La encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), Guadalupe Cárdenas Guerrero, afirmó que no hubo incidentes o irregularidades en la entrega-recepción con el ex auditor Javier Hernández Hernández.
Detalló que desde que recibió el interinato en la Auditoría del Estado, tuvo que realizar como protocolo la entrega recepción, donde no hubo impedimento alguno en lo que respecta al trabajo que ha realizado el máximo organismo fiscalizador de la entidad.
Adelantó que el mismo protocolo tendrá que realizar con la siguiente persona que encabece la Asecam, por lo que ella tendrá que iniciar un proceso de entrega recepción para el o la próxima auditora, reintegrándose así a su encomienda como directora en el organismo fiscalizador.
Refirió que aunque no haya sido designado un titular por parte del Congreso del Estado, los procesos de los análisis financieros a los entes que operan con recursos públicos continúan. En próximos días será la entrega del paquete correspondiente a mitad de año.
Indicó que en el caso específico de los informes de cuentas entregados al Congreso del Estado, estos ya son de carácter público y pueden ser consultados por la ciudadanía a través del portal oficial de la Auditoría Superior del Estado.
Expuso que hay entes obligados que no respondieron a las observaciones realizadas en el ejercicio de los recursos. De no cumplir con la entrega de la documentación requerida, el asunto tendría que ser remitido a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam).
Explicó que en el caso específico de Hopelchén, el exalcalde chenero Emilio Lara Calderón no justificó el uso de 112 millones 326 mil 184.22 pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2022. Además, la comuna se negó a entregar la documentación para justificar los recursos federales.
Cárdenas Guerrero afirmó que son los entes públicos quienes tienen la obligación de comprobar el uso adecuado de los recursos. Los informes de cuentas no solo evidencian posible malversación de recursos, sino también una mala gestión de la documentación del ente fiscalizado en algunos casos.
JGH
