Luego de ser despedida injustificadamente en 2022 por la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), donde se desempeñó durante más de una década como coordinadora de la Licenciatura en Gerontología de la Facultad de Enfermería, Karla Alejandra López Mena ganó un juicio laboral en contra de la Máxima Casa de Estudios, por lo que esta mañana acudió a la Rectoría para reclamar el pago correspondiente o proceder al embargo de bienes.
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Acompañada de sus abogados, encabezados por Pablo Canul, la extrabajadora denunció que fue despedida sin motivos, por lo que, ante la negativa de cubrirle las prestaciones que le correspondían, interpuso una demanda ante el Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, el cual dictó sentencia y quedó firme, pero hasta la fecha la institución se ha negado a cumplir con el resolutivo.
Confirmó que su rescisión fue en este periodo de José Alberto Abud Flores como rector de la UAC, y reprobó que estos directivos cometan atropellos en contra de los trabajadores, toda vez que siempre cumplió a cabalidad con sus funciones, dando lo mejor con sus alumnos, además de que nunca se le levantó un acta administrativa, y reveló que son muchos los trabajadores que atraviesan por esta lamentable situación.
"Hoy estamos aquí en busca de justicia, porque simplemente no hubo una justificación, no lo esperaba, fue repentino. Siempre se intentó dialogar, llegar a una conciliación, pero tocamos puertas, agotamos todas las vías de comunicación y, ya que no hay una respuesta favorable de la Universidad, tenemos que recurrir a estas acciones", externó la afectada.
Sin precisar el monto reclamado, por razones de seguridad, López Mena no descartó que su despido tenga un trasfondo político, es decir, no comulgar con las ideas de las autoridades universitarias, aunque eso no lo justifica, por lo que sigue sin conocer los motivos de su baja, pues ante los Juzgados Laborales tampoco pudieron acreditar nada.
Por su parte, el abogado de la extrabajadora explicó que durante el procedimiento hubo diversas etapas de conciliación, incluso antes de iniciar el proceso ante la autoridad jurisdiccional hubo una etapa de conciliación prejudicial, en la que las partes pudieron llegar a un arreglo. Sin embargo, no hubo respuesta de la UAC y sí una negativa de hacer un ofrecimiento satisfactorio a la afectada del pago de las prestaciones conforme a la ley.
En presencia de una fedataria, los abogados y la extrabajadora realizaron la diligencia de requerimiento de pago, pero el representante legal de la UAC manifestó imposibilidad, por lo que se solicitó a la actuaría que trabara formal y definitivo embargo de las cuentas bancarias de la institución, resultando procedente en términos de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, por lo que el Juzgado Laboral ordenará a la institución bancaria que ponga a disposición de la trabajadora el importe reclamado.
JGH