El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó por unanimidad la queja de los partidos Movimiento Ciudadano y local Espacio Democrático que solicitaban la remoción de los consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado de Campeche por no acreditarse la causal de procedencia en contra de los ex consejeros Abner Ronces Mex, Juan Carlos Mena Zapata y Fátima Giselle Meunier Rosas y de los actuales Clara Concepción Castro Gómez, Danny Alberto Góngora Moo y Nadine Abigail Moguel Ceballos.
En la sesión se resolvieron los expedientes UT/SG/PRCE/EDC/JL/CAMP/29/2024 que interpuso el presidente de Espacio Democrático, Marco Antonio Sánchez Abnal y el expediente UT/SCG/PRCE/MC/JL/CAMP/66/2024 que presentó la representante propietaria del partido político Movimiento Ciudadano, Yolanda Linares Villalpando, ambos fueron desechados por unanimidad.
En el caso de la queja de Espacio Democrático en la conclusión del expediente se argumenta que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral considera que las conductas denunciadas no constituyen ninguna de las faltas graves previstas en el artículo 102 de la LGIPE y 34 de la norma reglamentaria mencionada.
Además de que no se cuenta con elementos mínimos probatorios que den cuenta, aún de manera indiciaria de la presunta comisión de los hechos denunciados, actualizando con ello las causas de improcedencia establecidas en el artículo 40, numeral 1, fracción IV y VI del Reglamento de Remoción.
De la queja interpuesta por Movimiento Ciudadano también se concluye que las conductas denunciadas, no son imputables a la consejera y los consejeros por lo la conclusión que no son causas graves tuteladas por la norma comicial y, por ende, se debe desechar de plano el procedimiento, toda vez que el artículo 102 de la LGIPE regula las conductas sancionables ejecutadas por las consejerías electorales de los organismos públicos locales electorales, lo que en la queja no se actualiza.
Subraya que las conductas imputadas no se encuentran dentro de las atribuciones que tienen encomendadas las consejerías denunciadas y que en este apartado han quedo descritas, de hecho, en el expediente no se advierte que esas conductas hayan sido realizadas materialmente por dichas consejerías tal y como lo expresa el denunciante.
Por lo que plantea que no debe admitirse el procedimiento en que se actúa contra ninguna de las consejerías integrantes del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), en la inteligencia que, de conformidad con los artículos 14 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
Además resalta que todo acto de molestia debe ser debidamente fundado y motivado justificando la constitucionalidad y legalidad de la afectación. Por lo que la autoridad electoral está obligada a actuar en la forma y términos que la ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la función estatal encomendada.
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Sostiene que cualquier actuación que lleve a cabo esta autoridad frente a los ahora denunciada y denunciados, sin contar con elementos que lo justifique, pudiera generar actos de molestia en su perjuicio, por carecer de los requisitos formales necesarios para considerarlo como válido.
