La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) investiga dos quejas en contra de la Fiscalía General (Fgecam), Policía Estatal (PE) y Poder Judicial, por el presunto uso excesivo de la fuerza pública en el intento de desalojo de un predio en la localidad de Lerma el pasado 10 de marzo, confirmó su presidenta Ligia Rodríguez Mejía. Explicó que personas que señalaron ser familiares de los propietarios de la vivienda que se intentaba desalojar por parte de una usurera presentaron dos quejas ante el organismo, manifestando haber sido objeto de maltrato por parte de personal de estas autoridades.
Precisó que, una vez recibidas las quejas, la Comisión lo que hace es analizarlas y calificarlas para determinar qué autoridades están fungiendo como presuntas responsables, y qué hechos concretos son los que se señalan en cada una, porque son al menos tres autoridades las que están mencionadas en las quejas por diversos actos.
“Nosotros primero tenemos que dilucidar si son ellas las que intervinieron, cuál fue el nivel de intervención y luego, si su conducta estaba apegada a derecho, y si hay las evidencias que respalden los dichos tanto de la autoridad como de las personas afectadas”, añadió. La ombudsman campechana indicó que el uso excesivo de la fuerza fue una de las violaciones presuntas que se señalan en contra de las autoridades, pero la Codhecam todavía va a investigar, porque fueron dos instancias o corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley las que intervinieron en el hecho.
“Tendremos que definir o delimitar cuál fue la autoridad que intervino, y particularmente cuál tuvo interacción y quiénes, de esas autoridades, con nuestros quejosos”, subrayó. Por último, Rodríguez Mejía dijo que el uso excesivo de la fuerza es una de las cinco violaciones a derechos humanos más recurrentes por las que se reciben quejas en el organismo, y son atribuidas a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la Fiscalía y Policía Estatal, así como las Policías Municipales. “También esta violación es recurrente cuando se refiere a hechos señalados por Personas Privadas de la Libertad en contra de funcionarios de los Centros Penitenciarios”, concluyó.
JY
