La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció un operativo en toda la costa de Yucatán para detectar desarrollos inmobiliarios irregulares, contra los que no habrá clemencia, pues tendrán que ser demolidos, advirtió la titular de la dependencia federal, Marina Boy Tamborrel.
La funcionaria, quien estuvo en Ixil para una reunión con pueblos mayas, comentó que acudirán a Sisal, donde recientemente se devastaron 23 mil hectáreas, para evaluar los daños y, en su caso, exigir la reparación, ya que ese es el compromiso que se tiene en materia de daño ambiental.
“Ya lo hicimos en Puerto Vallarta, y clausuramos cuatro desarrollos inmobiliarios y, por supuesto vamos a hacer lo mismo en todos los estados costeros. La nueva visión de la Procuraduría es ordenar la reparación del daño, es un eje prioritario”, expuso y aseguró que “todas las obras que no tengan autorizadas (los desarrolladores), las van a tener que demoler”.
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El mensaje contundente lo hizo a un lado del subcomisario Wilberth Nahuat, de Santa María Chi, con quien coincidió en las afectaciones que esa comisaría y otras poblaciones han sufrido, y reiteró que las multas no son suficientes, y que se requiere reparación de los daños ocasionados al ambiente.
En ese sentido, comentó que hay empresas que destinan como parte de su presupuesto el pago de estas multas, para luego seguir operando; así, los infractores de distintos giros prefieren pagar la multa que pedir permiso.
En ese sentido, dijo que las granjas y los desarrollos inmobiliarios irregulares son la prioridad en Yucatán. “Las dos veces que hemos estado aquí, hemos visto que son los temas más críticos”, puntualizó.
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Indicó que las granjas son un problema de varios años y que hay algunas construcciones irregulares que son de atención prioritaria, porque carecen de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). “Hemos realizado una revisión de los expedientes desde nuestra anterior visita” -dijo, sobre las obras de una residencial en Ixil-; tenemos expedientes administrativos abiertos e identificamos que hicieron obras nuevas, por lo que no respetaron sellos de clausura”.
Reiteró “vamos a estar muy vigilantes” porque “es un compromiso y una obligación” de su dependencia.
Por ello, valoró el acercamiento de ayer con los pobladores e instó a denunciar a través del número telefónico 800 776 33 72 o el correo electrónico [email protected].
Otra opción es en línea, ingresado la liga https://bit.ly/4g8TnoZ o acudir a los módulos de atención ciudadana ubicados en su Estado.
