Un hombre de la tercera edad y discapacitado presentó una queja ante la Visitaduría Regional de Derechos Humanos por haber sido presuntamente violentado física y psicológicamente por el personal del Juzgado Primero del Ramo Familiar, que dictaminó una orden de desalojo de su propiedad para echarlo a la calle.
Según explicó el sexagenario José Bonilla López, cuenta con una propiedad en la avenida 10 de Julio en la que construyó cuatro cuartos; el número A lo vendió; el B lo heredó a su hija; el C lo tiene rentado y el último, el D, es donde vive; sin embargo, al crecer su hija y ser mayor de edad, lo habita en compañía de su madre y hermano, pero aparentemente la señora, de nombre Mara López Fernández, buscó la manera de sacarlo a la mala.
Dijo que la primera acción de la mamá de su hija fue denunciarlo por agresiones físicas que jamás existieron; este procedimiento lo hizo ante el Centro de Justicia para la Mujer (CJM) y ahí promovieron una orden de restricción. Al turnar el caso al juzgado familiar, la autoridad pidió que lo desalojaran, lo cual va en contra de sus derechos, pues es su propiedad; además, cambiaron las cerraduras.
Acusó que, con base en lo vivido, fue dañado física y psicológicamente con lujo de violencia por parte de Yeni Anais Pérez Vargas, Alexis Fernando Ortiz Meza, Patricia Morales y Gabriel Concepción Aguilar Vázquez, jueza interina, actuario, actuaria y secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al juzgado de ejecución en materia familiar y de órdenes de protección y seguridad del Distrito Judicial del Juzgado Primero del Ramo Familiar.
Por esta razón, acudió a las oficinas de la Visitaduría Regional de los Derechos Humanos, donde levantaron la queja 836/Q-141/2024, ya que considera que la actuación fue ilegal y en completo atentado a sus garantías, pues además de ser una persona de la tercera edad, tiene barotrauma, pérdida del 90 por ciento del ojo derecho por glaucoma, sordo del oído derecho y lleva un tratamiento desde hace 14 años tras un accidente mientras realizaba trabajos de buceo para la empresa Protexa.
El denunciante acusa a la jueza interina de no hacer ninguna investigación por desconocer su condición, y de girar una orden de restricción sin cumplir lo que dice la ley: con 72 horas de anticipación.
Bonilla relató que las autoridades llegaron con lujo de violencia, con una oficial de policía que únicamente le dio cinco minutos para sacar lo que pudiera de la vivienda; por lo que acusa a la jueza de cometer arbitrariedades y la señala como un "monstruo". “No soy asesino, ni violador, ni descuartizador, ni ningún tipo violento con armas de fuego; soy una persona discapacitada y de la tercera edad”, reclamó.
Para el adulto mayor, su caso es triste, pues teniendo dónde vivir y en las condiciones de salud en las que está, debe pagar hotel cada noche, ya que ni siquiera le permitieron sacar su ropa ni medicamentos, apuntando que ante este atropello llegará hasta las últimas consecuencias.
JGH