Un hombre de la tercera edad y con discapacidad se manifestó este jueves a las puertas de la Casa de Justicia en Ciudad del Carmen en reclamo por el despojo del que fue víctima tras ordenamiento del Juzgado Primero de lo Familiar. José Bonilla López recientemente había presentado queja ante la Visitaduría Regional de Derechos Humanos, pues asegura que están siendo violadas sus garantías individuales, ya que lo echaron a la calle pese a que el inmueble es de su propiedad.
Alrededor de las ocho de la mañana, el inconforme se presentó en la puerta de acceso del recinto del Poder Judicial del Estado de Campeche en este municipio, con una cartulina con el título “ALERTA, YA BASTA, de los funcionarios corruptos del juzgado en materia familiar y órdenes de protección de la primera instancia”, etcétera. Como se recordará, el pasado 18 de septiembre, Bonilla López hizo público que había presentado formal queja con el número de expediente 836/Q-141/2024 ante la Visitaduría Regional de Derechos Humanos, porque aseguraba que la determinación del juez era violatoria a sus garantías individuales.
En vista de que han pasado varias semanas desde que fue desalojado de su casa y que no puede ingresar a su propiedad, el sexagenario dijo que su ex esposa Mara López Fernández está inventando que la violentó para poder quedarse con la propiedad, ya que fue al Centro de Justicia para la Mujer (CJM) sin ninguna prueba de que la haya atacado físicamente. Incluso lo acusó de haberle puesto una bolsa en la cabeza, cosa que es mentira, ya que si fuese cierto existirían fotografías, pero no; engañó a la autoridad y compró con 10 mil pesos a la jueza interina, Yeni Anais Pérez Vargas.
Finalmente, dijo que espera que el Juzgado Familiar analice verdaderamente el caso y no promuevan actos de corrupción, pues tiene conocimiento de que hubo dinero de por medio para tomar una decisión que viola todos sus derechos. Siendo de la tercera edad y con discapacidad, va los fines de semana a la iglesia a pedir comida, se baña en casa de algunos hermanos y, cuando tiene recursos, paga 110 pesos para dormir en literas, todo porque la autoridad decidió creerle a una mujer sin tener pruebas de que era real que la violentaban.
JGH