¿Cómo procederá el Gobierno de México frente a los megaproyectos industriales, la transnacionalización peninsular y la vulnerabilidad regional?

Antropólogo Jorge Franco CáceresResumen

Los megaproyectos industriales y la urbanización mercantil de las zonas marinas y costeras son las causas determinantes de la expoliación patrimonial que, a modo de despojos estratégicos y saqueos sistemáticos, operan las fuerzas transnacionales del mercantilismo global en la península de Yucatán.

Las reformas estructurales y las políticas privatizadoras del pasado sexenio abandonaron el tutelaje de los paisajes culturales y los recursos naturales de la nación. En consecuencia, las instituciones federales y las zonas económicas, que alguna vez fueron para el resguardo y la protección de estos patrimonios, no sirvieron para ningún tipo de acciones regionales orientadas al fortalecimiento de la investigación científica, la organización ciudadana y el desarrollo sostenible, consecuentes con los bienes comunes y los patrimonios nacionales.

En conjunto, los proyectos oficiales y las entidades públicas operaron durante el período peñista en Quintana Roo, Campeche y Yucatán: 1) para facilitar las entregas presidenciales de los territorios nacionales y las reservas estatales, donde más allá de las condiciones de vulnerabilidad regional ante el cambio climático se encuentran los atractivos panorámicos y los valiosos insumos materiales; y 2) para estimular la subordinación de las sociedades regionales que bajo la ventajista orientación empresarial de las consultoras especializadas, sirve a los fines de los megaproyectos de los emporios financieros y comerciales de los mercados globales, sin mayores inquietudes sobre si estos son regulares o ilícitos.

Ahora que inicia el año 2019 bajo los nuevos vientos de la Cuarta Transformación Republicana, además de todo lo concerniente a la programación operativa del megaproyecto del Nuevo Tren del Sureste, nada es más relevante para el desarrollo sostenible en la península de Yucatán que conocer lo que harán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión frente a los megaproyectos industriales, la transnacionalización peninsular y la vulnerabilidad regional ante el cambio climático.

Definitivamente, no tienen mayor relevancia política y social los reclamos sectoriales y partidistas de la mayor cantidad posible de subsidios del gobierno federal para presuntos proyectos “detonantes” en Yucatán, Quintana Roo o Campeche.

Poder central y Estado mexicano

La Presidencia de la República y los gobiernos estatales han asumido durante varios sexenios la misión neoliberal de remover los impedimentos geopolíticos que la historia nacional, la cultura regional y el derecho federal han interpuesto a las industrias extractivas, los servicios turísticos y las grandes obras de infraestructura. He aquí de donde han surgido las oportunidades de negocios peninsulares de interés global, que ahora son aprovechadas como megaproyectos transnacionales de abuso mercantil, explotación industrial y urbanización salvaje, al margen de las actuales condiciones del cambio climático y los compromisos con el desarrollo sostenible. Aquí debemos destacar que hay diferencias cualitativas entre estos proyectos expoliadores de interés transnacional y lo que será el Nuevo Tren del Sureste en una región abandonada durante 36 años por el Estado mexicano.

A decir verdad, la legalidad bajo criterios neoliberales de libre mercado ha servido para ocultar el escenario nacional de entreguismo político y servilismo burocrático de las reformas estructurales, que procedieron a partir de los acuerdos internacionales para cumplir con los despojos patrimoniales en las áreas estratégicas y los saqueos mercantiles en las zonas vulnerables, ambos procesos avalados siempre en la península yucateca por los poderes federales. Se trata de los procesos de transnacionalización que son rectores de lo que ahora se pretende como economías regionales, a pesar de que resultan contrarios a las situaciones de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos ancestrales que resisten aún los afanes expropiatorios de sus pasado, presente y futuro.

Los tiempos benefactores del Estado mexicano fueron también repudiados por las administraciones federales y los gobiernos estatales bajo la nueva visión especulativa de los negocios globales. Por esta razón, en la península de Yucatán, el golfo de México y el mar Caribe, los megaproyectos del turismo premium en la Riviera y la Costa Maya, de Quintana Roo; los grandes proyectos del petróleo de aguas bajas y profundas en la bahía de Campeche, los megaproyectos inmobiliarios de la ZEIA de Mérida; y otros negocios industriales con menor cobertura pública en Yucatán, como los proyectos del corredor Mérida-Progreso con la nueva ZEE, tienen preferencias oligárquicas por encima de los estudios concernientes al resguardo integral de los patrimonios naturales y culturales bajo las actuales condiciones del cambio climático. A decir verdad, la filiación neoliberal del poder central del Estado mexicano a partir de estos megaproyectos ha alentado también un escenario de transnacionalización radical de las zonas marinas y costeras de la península yucateca, que es paradigmático en México y América Latina.

Instituciones federales y megaproyectos transnacionales

Con la participación de técnicos y burócratas de la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –cuya desaparición ojalá el presidente de la República decidiera impulsar para la creación de la Secretaría del Patrimonio Cultural, el Sistema Natural y el Desarrollo Sostenible–, la Secretaría de la Cultura (Sedeculta), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), etc., las poblaciones regionales de las zonas marinas y costeras escogidas para los megaproyectos transnacionales y donde ocurrirá también la urbanización turística han sido despojadas de espacios-territorios de usos ancestrales y beneficios comunes.

Dichas dependencias han procedido así por consigna política, respaldando con sus acciones el dominio exclusivo de tierras especiales, mares patrimoniales y recursos naturales. Se trata del mismo control autoritario que luego facilita el seccionamiento perjudicial de los sistemas naturales y, desde luego, la desintegración salvaje de los paisajes culturales. En consecuencia con esta anuencia oficial al impacto patrimonial, los equipos avanzados y las maquinarias especializadas de las empresas transnacionales son autorizados legalmente –aunque también actúan al margen de las leyes, los usos y las costumbres en Quintan Roo, Campeche y Yucatán–, para generar otros impactos letales desde sus megaproyectos.

Por otro lado, en atención sectorial a las tendencias dominantes en la región peninsular, cadenas de hoteles, marinas recreativas, desarrollos inmobiliarios, cruceros exclusivos, complejos recreativos, macroplazas comerciales, etc., se establecieron en forma indiscriminada en las zonas marinas y costeras del Caribe mexicano. Al mismo tiempo, diversas operaciones apresuradas de exploración y concesiones privilegiadas de explotación de petróleo y derivados, se multiplicaron en los bancos campechanos. Sueñan hasta hoy los grupos de empresarios yucatecos con una oportunidad similar de transnacionalización desde zonas económicas decretadas por la Presidencia de la República, debido a que acumulan fracasos en sitios maquiladores, enclaves inmobiliarios, servicios exclusivos, proyectos agroindustriales, parques eólicos, etc. Algunos de sus líderes industriales y agentes legislativos hablan, incluso, de tener un modelo económico de transnacionalización que es eficiente, sustentable y rentable, al mismo tiempo que pretenden oponerse a las rondas de privatización de la Plataforma Yucatán para explotación petrolera.

Procede destacar aquí que frente a tantas concesiones de las autoridades centrales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, una de las pocas revisiones de los poderes estatales a los negocios privados de transnacionalización peninsular, fue la correspondiente al megaproyecto de Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) –avalado por Semarnat–, denominado “Ciudad Mayakoba”. Este conjunto urbano-arquitectónico localizado en la Riviera Maya fue objeto de señalamientos públicos en 2015, debido a la forma en que se obtuvieron los permisos ambientales en la zona norte de Quintana Roo. La revisión del mismo fue solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditar los procesos de licitación y los contratos adjudicados a nivel federal a la empresa española. OHL maneja inversiones de consideración en Quintana Roo con la operación y el desarrollo del hotel Mayakoba, el cual alberga año con año una fecha de la gira PGA de golf profesional. Desde los escándalos por actos de corrupción entre OHL y funcionarios del gobierno del Estado de México, se multiplicaron los cuestionamientos a esta transnacional por el manejo de proyectos e inversiones en México.

Entre tantas permisividades, mientras que 1as instituciones federales disponían que los paisajes culturales fueran intervenidos por los intereses mercantiles y los sistemas naturales fueran segregados por los proyectos industriales, las zonas marinas y costeras de la península de Yucatán dejaron de ser lo que alguna vez fueron para sus poblaciones originarias. Cambiaron apresuradamente de perfiles socioculturales para acreditarse como áreas estratégicas o zonas especiales ante el mundo globalizado, al mismo tiempo que se consolidaban como espacios vulnerables, debido al impacto múltiple de la industrialización salvaje bajo las inciertas condiciones del cambio climático. Acaso los cada vez más esporádicos testimonios orales y los más exiguos registros gráficos, así como los pedazos de objetos que aún se encuentran en los lugares expropiados o privatizados, sirven para aportar algún dato verdadero de lo que alguna vez fueron los patrimonios naturales y culturales, antes o después que el legado vivo del pueblo maya fuera instrumentado en aras del provecho empresarial ventajista.

Autores regionales de la transnacionalización peninsular

Los autores regionales de la transnacionalización radical de las zonas marinas y costeras tienen nombres conocidos de oligarquías yucatecas, campechanas y quintanarroenses. Específicamente, se trata de grupos de empresarios locales ansiosos de dar el salto a los grandes negocios internacionales, bajo la orientación lucrativa de consultoras especializadas y, desde luego, en complicidad impune con nuevas empresas trasnacionales. Estos agentes locales de los megaproyectos industriales –que operan siempre con el respaldo institucional de los presidentes municipales y los apoyos de las autoridades de desarrollo agrario, territorial y urbano–, logran convertir las gestiones de los asuntos públicos de los municipios en las administraciones de sus negocios privados, supeditando el interés general de los pueblos peninsulares a los intereses particulares inmediatos de sus fortunas personales y/o sus carreras políticas.

Los directivos y los especialistas de las instituciones rectoras de los usos de los patrimonios naturales y culturales: Sectur, Sener, Sedeculta, etc.; las autoridades y los profesionistas que están a cargo de los daños patrimoniales debidos a los fenómenos extremos asociados al cambio climático: Cimares, Semar, Inecc, etc.; los directores y expertos de las universidades públicas y los centros de investigación: Conacyt, UNAM, UADY, IPN, etc., que presumen conocerlos y defenderlos, no han quedado fuera de las complicidades del poder central con la transnacionalización que sucede en la península de Yucatán.

En lo concerniente al INAH, destaca lo que sucede en las actuaciones regionales de las áreas arqueológicas, que son responsables de los proyectos de registro, conservación y rescate de los patrimonios arqueológicos y de los programas de salvamento. Los expertos de Quintana Roo, Campeche y Yucatán se han vuelto notables por sus dictámenes favorables a los intereses de los negocios transnacionales, mediante la entrega de permisos de construcción industrial o urbana de todo tipo o al emprendimiento de grandes obras en zonas de alto riesgo arqueológico. Los cuestionamientos a los análisis de esos especialistas abundan en los contenidos de los boletines informativos y los reportajes periodísticos, así como en diversos artículos científicos y publicaciones en redes sociales que ponen en justificado entredicho sus competencias.

Como puede verse, no faltan profesionistas, autoridades e, incluso, investigadores que se suman a la lista de funcionarios promotores del actuar convenenciero de los grupos empresariales regionales orientados por consultoras especializadas y al servicio de los emporios transnacionales. Y es así que las obras de los megaproyectos industriales y los servicios de la urbanización mercantil avanzan en las zonas marinas y costeras, sin que otras instancias públicas: SCT, CFE, las dependencias de uso del suelo y desarrollo urbano, etc., cuenten con la aprobación de los afectados y, muchas veces, ni siquiera tengan convenios de ocupación previa o decretos expropiatorios.

Patrimonios bajo saqueos y despojos transnacionales, a partir de negociaciones políticas, oportunismos partidistas, omisiones ministeriales  y acciones policiales

La península de Yucatán es una región marino-costera con cuantiosas riquezas naturales y culturales bajo amenazas de los megaproyectos transnacionales y las actuales condiciones del cambio climático. En su territorio y en su historia se han forjado científicos y profesionistas que han defendido sus patrimonios naturales y culturales, así como la memoria histórica y la vida ancestral de sus pueblos originarios. Sin embargo, más de tres décadas de acuerdos neoliberales de libre comercio con Estados Unidos y Canadá han bastado para que el respeto por la historia y la cultura mayas de parte las autoridades centrales y los poderes federales, los convierta en objetos de negociación política y oportunismo partidista ante las empresas transnacionales del mundo globalizado.

El registro general en torno a la transnacionalización peninsular muestra cómo el desamparo institucional, las actitudes negligentes de los ministerios, las procuradurías y los tribunales, el uso de la fuerza pública, la desinformación oficial y el despliegue mediático, proceden contra quienes se oponen a los despojos de los megaproyectos industriales y/o denuncian los excesos de la industrialización radical de las zonas marinas y costeras de la península de Yucatán. Sin embargo, los intereses de los agentes regionales, las consultoras especializadas y las empresas privadas detrás de los procesos salvajes, dan cuenta meridiana de las formas impositivas con que políticos y empresarios promueven los intereses globales en su beneficio, instrumentando la pérdida general de memoria histórica y destruyendo en forma brutal los legados patrióticos.

¿Seguirá siendo la transnacionalización causante de expoliación patrimonial y vulnerabilidad regional desde los megaproyectos, la tónica política y económica en la península de Yucatán, o la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión decidirán que, además de la programación operativa del megaproyecto del Nuevo Tren del Sureste, el desarrollo regional sea integral y sostenible de acuerdo con la Cuarta Transformación Republicana?