Antropólogo Jorge Franco Cáceres
La destrucción de títulos de autores considerados fracasados y la reedición de obras calificadas exitosas ameritan una reacción inmediata de la Secretaría de Cultura para justificar todo el respaldo público que ha recibido de la Cuarta Transformación (4T).
Las empresas editoriales saben que resulta conveniente descartar cierto tipo de títulos, pero también reeditar otros, para que las nuevas publicaciones no tengan que competir con aquellos libros y revistas que estén circulando como rezagos, a precios más baratos.
Sin lugar a duda, quieren más mercado para sus textos sin que haya remanentes de autores considerados fracasados, o saldos que correspondan a ediciones que no sirven para respaldar las imágenes comerciales de las reediciones estelares.
Muchos libros y revistas son eliminados de modo criminal en México por determinaciones de los consejos editoriales, pero también por pedidos de los mismos autores debido a sus contratos de exclusividad o de permanencia editoriales. Esto sucede como rutina establecida para que nadie se atreva a hacer público que no se vendieron sus libros o para forzar que solo se compren las nuevas ediciones comerciales.
Tal destrucción de títulos es consecuencia de esa política neoliberal de marketing editorial contra la que debe proceder la 4T en los próximos meses para detener el “genocidio cultural”. Frente a esta práctica letal poco han importando a las editoriales privadas: 1) la cultura de interés social y 2) la educación por necesidad popular.
Las casas editoriales solo piensan en negocios que requieren de espacios en las librerías de las modernas plazas comerciales o en los tradicionales establecimientos de los centros históricos, para ver si consiguen ventas espectaculares con algunos títulos. Están convencidas de que, debido a la existencia de ciertas novedades editoriales que venden siempre más, no deben permitir que subsistan libros y revistas que estorben a otros al momento de ponerlos en exhibición física o divulgación digital.
Siempre lejos de cualquier intento sistémico de archivos de textos impresos o de albergues de libros y revistas, las empresas editoriales prefieren que estos se eliminen con poderosas despedazadoras, y así queden listos para
entregarlos a las fábricas cartoneras o laminadoras, que disponen de ellas como pasta de papel.
Se desconoce qué está haciendo la Secretaría de Cultura respecto al resguardo de libros y revistas de autores considerados fracasados y a los títulos en reediciones por sus calificaciones exitosas. Realmente sería un gran aporte del gobierno federal ofrecer un informe público sobre el tema.
Sabemos que el resguardo de los textos impresos requiere de esfuerzo organizado y programado. Entendemos, también, que no es solo asunto del uso racional del espacio y el dinero, sino también de la información precisa sobre ubicaciones y cantidades de las publicaciones. Poco sabemos de lo que hace el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Francisco Ignacio Taibo II sobre este asunto.
La fórmula de las editoriales privadas al respecto es considerar que el límite de la capacidad de almacenaje está en relación directa con el descarte realizado y la venta desplegada a partir de las novedades y las reimpresiones.
Debe acabarse también la eliminación de libros y revistas desde actas ante escribanos públicos, que hacen valer los contratos de edición y que establecen salidas para el momento en que las editoriales dejan de tener los derechos para comercializar un libro.
La destrucción de libros y revistas es un tema que las empresas editoriales prefieren ignorar, pero que la 4T tiene que enfrentar. Decimos esto porque no hay muchas casas editoriales en México que no hayan destruido grandes cantidades de textos impresos no vendidos en los últimos 36 años, siendo el sonido de las trituradoras de papel la resonancia de un prevaleciente “genocidio cultural”.