Introducción
Ahora que comienzan a verse los resultados positivos en diversas regiones del país por el acertado manejo de la pandemia y las decisiones tomadas en materia de salud pública y recuperación económica, tanto por el Gobierno federal como por los gobiernos estatales y municipales, y cuando también se aprecian los estragos que en otras regiones del territorio nacional ha dejado la falta de criterios científicos y humanísticos para el manejo de la emergencia, vale la pena reflexionar sobre las acciones y los métodos seguidos a nivel regional en México ante este fenómeno global, que afecta de diversas maneras el porvenir de sus ciudadanos. En particular, en lo referente al respeto de las garantías individuales y los derechos constitucionales. Garantías que conformaron la base de la estrategia seguida por el Gobierno federal, al establecer la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que en diversas regiones del país han sido y continúan siendo violentadas por los gobiernos estatales y municipales, empeorando la situación pandémica.
Las violaciones a las garantías individuales y a los derechos constitucionales durante la pandemia han sido tan flagrantes, evidentes y contraproducentes, que la misma secretaria de Gobernación, la Dra. Olga Sánchez Cordero, ha tenido que hacer fuertes llamadas de atención –transmitidas por los noticieros televisivos a nivel nacional–, a los presidentes municipales y gobernadores estatales para evitar el cierre de caminos, avenidas, calles, etc., lo que impide el derecho al libre tránsito, a la distribución de bienes y servicios de salud, alimenticios, entre otros.
La Ciudad de México como caso paradigmático en políticas públicas
con respeto a las garantías individuales
Las garantías individuales1 son derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos gozamos, como libertad, seguridad, salud, igualdad, propiedad, entre otros, y que se encuentran consagrados en los primeros 29 artículos de la Constitución Mexicana. Adicionalmente, se conoce como garantías constitucionales al conjunto de medios que la Constitución Nacional –entendida como la cumbre de las leyes que un Estado establece–, pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, y frente a otros individuos o grupos sociales.
Debido a su conformación histórica, política y cultural, la Ciudad de México se ha convertido en un referente nacional para las luchas sociales por el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, así como para el establecimiento de legislaciones y políticas públicas en este sentido.
Para garantizar el derecho a la Protección de la Salud,2 en la Ciudad de México se han establecido normas y acciones que hacen posible el disfrute de servicios de salud y asistencia social, así como actitudes solidarias y responsables hacia la población para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud: infraestructura hospitalaria, formación académica y desarrollo profesional en salud pública, entre otros. Todo ello ha contribuido al desarrollo social de la población y al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, como puede atestiguarse en los Índices de Desarrollo Humano de sus alcaldías.
Debido a su historia particular, así como a su ubicación geográfica en una zona sísmica, la CDMX también es pionera a nivel nacional en programas y políticas públicas para la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil. En 2019 esta reglamentación se actualizó, con la publicación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento, así como con la conformación de la SGIRPC del Gobierno de la ciudad. Uno de los principales objetivos de estas acciones es la conformación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que incluye a autoridades federales, regionales y locales, instituciones académicas, sociedad civil, grupos de voluntarios, asociaciones particulares, etc., coordinados por la SGIRPC para el análisis de riesgos, la programación de sistemas de alerta temprana y acciones de resiliencia, para prevenir la ocurrencia de desastres en la metrópoli.
En lo que respecta a la protección de la población vulnerable: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, grupos originarios, personas LGBTT, etc. la Ciudad de México también ha sido un caso paradigmático. Desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) como jefe de Gobierno, se instituyó la pensión universal para los adultos mayores en la ciudad. Posteriormente comenzaron a aplicarse los programas de becas educativas para todos los niveles escolares, se ampliaron las redes de asistencia social, los sistemas de salud, los matrimonios igualitarios, etcétera.
Los resultados obtenidos ante la pandemia de COVID-19 confirman a la Ciudad de México como caso paradigmático en la aplicación de políticas públicas con respeto a las garantías individuales, a favor del bien común y la solidaridad social, como estrategia institucional de Estado ante la emergencia, prefiriendo siempre la alianza y la cooperación social, antes que la coerción, las multas o el cierre de fronteras, aeropuertos, etcétera.
En este sentido, el retorno a la “Nueva Normalidad” en la Ciudad de México, escalonado y programado de acuerdo a criterios científicos y sociales consensuados, hace un balance entre la salud de las personas y la economía de los hogares, así como entre la actividad económica y la capacidad hospitalaria.
Jalisco, Nuevo León, Baja California y Guanajuato, sin políticas públicas para el respeto a las garantías individuales ante la pandemia
Casos muy diferentes podemos apreciar en diversos estados del interior de la república, como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Yucatán, entre otros, donde la privatización de los servicios de salud, la ausencia de Programas de Asistencia Social coordinados por las autoridades estatales para la atención de la población vulnerable y la falta de Sistemas para la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil, han generado escenarios de mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19.
En estas entidades federativas, la falta de respeto a las garantías individuales: cierre de caminos y accesos a poblaciones, Ley Seca, multas a transeúntes o conductores que no usen cubrebocas, etc., han agravado los impactos de la pandemia de COVID-19.3 Las autoridades de esto estados han llegado incluso a afirmar que con estas acciones detendrán la pandemia, lo que evidencia su falta de preparación y experiencia para ejercer cargos públicos de representación popular.
Estas regiones también tienen en común la perseverancia de grupos políticos en el poder muy vinculados a las oligarquías locales, que durante décadas han conservado sus privilegios a costa de pulverizar los derechos ciudadanos, ignorar el respeto a las garantías individuales y disolver los foros ciudadanos y las aspiraciones democráticas de la mayoría de sus sectores sociales.
Debido a ello los gobiernos estatales de estas entidades federativas carecen de legitimidad y credibilidad, para tener un liderazgo efectivo en la lucha contra un problema complejo como lo es la pandemia de COVID-19. Por lo que sus acciones ante este fenómeno consisten en tomar medidas de persecución y prohibición contra la población local.
Por ello no es raro observar en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Baja California o Yucatán, entre otros, el deterioro de los sistemas sociales y políticos que protegen las garantías individuales y los derechos constitucionales. Porque los actores sociales y políticos que deberían estar apoyando la generación de políticas públicas para fomentar el respeto a las garantías individuales y los derechos constitucionales, hoy brillan por su ausencia ante la pandemia de COVID-19 y los estragos que este fenómeno causa en la población más vulnerable.
En estas regiones, gobiernos estatales, cabildos municipales, poderes legislativo y judicial, partidos políticos de todo tipo, comisiones de derechos humanos, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas y cámaras empresariales, –que aparecen constantemente solicitando recursos públicos para presentarse como grandes benefactores cuando hay contingencias, aprovechando también las colectas masivas y reparticiones de donaciones solidarias–, no son capaces ahora de integrar frentes comunes de lucha para evitar los contagios comunitarios ni los programas solidarios de apoyo a la población más vulnerable en tiempos de crisis como la actual.
El respeto de las garantías individuales en Yucatán ante la pandemia de COVID-19
Mención aparte merece el caso de Yucatán, donde la normalidad prepandémica se perdió dos semanas antes de la declaración federal de la primera etapa de la emergencia nacional, cuando se comenzaron a cerrar anticipadamente, por orden del gobierno estatal restaurantes, comercios, hoteles, etc. contraviniendo las indicaciones del Gobierno Federal y causando pánico, desempleo generalizado, descontento y crisis económica.
Esta situación es aún más grave porque el estado de Yucatán es una región extremadamente vulnerable, con graves deterioros en el respeto a las garantías individuales de sus ciudadanos y altos índices de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), más de 850 mil personas viven en localidades con grado de marginación alto y muy alto en Yucatán.
En este escenario, las estrategias políticas y respuestas administrativas de las autoridades locales –que se enfocan en políticas de persecución y prohibición a la población–, no han facilitado la integración de los sistemas de prevención sanitaria y protección civil en las comunidades y municipios más vulnerables de Yucatán frente a la pandemia de COVID-19. Por el contrario, las denuncias en las redes sociales y en los colectivos ciudadanos, muestran que las autoridades locales aprovechan el desastre para lucrar, repartiendo despensas de mala calidad que el gobierno estatal compra en las bodegas de sus propios familiares, en lugar de abastecerse de las despensas que el Gobierno federal provee a mejores precios, como sucede en el vecino estado de Quintana Roo, con mejores resultados.
En Yucatán las acciones estatales se distinguen por ser erráticas y contrarias al respeto de las garantías individuales, como la imposición de una Ley Seca innecesaria, que ha aumentado las ganancias de los expendios clandestinos y de las autoridades que los permiten, así como las ventas ilegales de bebidas alcohólicas adulteradas y las intoxicaciones y muertes debido a este fenómeno.4
El caos y la desorganización han aumentado en Yucatán ante la indiferencia del Ayuntamiento de Mérida y del Gobierno del estado, la proliferación de casos de contagio comunitario en el Centro Histórico, Ciudad Caucel, Kanasín, etc., son, sin lugar a duda, las poderosas fuentes que más hacen brillar el foco rojo yucateco en el panorama nacional. Un recorrido por los barrios tradicionales, las colonias periféricas, las comisarías emeritenses y las zonas conurbanas permite ver la enorme cantidad de familias abandonadas, que han colgado pañuelos rojos solicitando apoyo económico y sanitario.
Conclusiones
El análisis de los métodos y las acciones tomadas para enfrentar el problema pandémico a nivel nacional permite ver la importancia de generar políticas públicas con apego a las garantías individuales, considerando el humanismo, la solidaridad social y la ciencia como referentes esenciales para la reestructuración social.
Porque como ciudadanos requerimos contar con sistemas políticos, económicos y de salud más resistentes a las emergencias y a los desastres. En este sentido, las garantías constitucionales son el mecanismo por el que se limita y se pone un freno a la arbitrariedad y al carácter unilateral de las acciones del Estado.5
Como parte de las actuales responsabilidades y compromisos del Gobierno de Yucatán, se encuentra garantizar atención médica de calidad, a cada uno de los habitantes y familias del interior del estado, incluidos los que viven en las comisarías de mayor marginación y con mayor grado de vulnerabilidad, así como brindar mejores condiciones para la reactivación económica a nivel regional.
Este análisis también permite ver la gran responsabilidad que tiene el Gobierno del estado de Yucatán, tanto antes, como durante y después de la pandemia actual, para garantizar condiciones favorables en la calidad de vida de toda su población. Responsabilidad que en caso de no ser atendida puede ser motivo de demanda constitucional y proceso de desafuero.
Notas
1 Consagrado en la Ley General de Salud.
2 Van 44 muertos por consumo de alcohol adulterado en Jalisco y 107 afectados por consumo de alcohol adulterado. Datos de aristeguinoticias.com
3 Suman 16 muertos por beber alcohol adulterado en Yucatán. Información de EL UNIVERSAL.
4 Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-garantias-constitucionales/#ixzz6Mu4mNNHv
5 Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-garantias-constitucionales/#ixzz6Mu4mNNHv
Referencias
https://mexico.leyderecho.org/garantias-constitucionales/
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/