Un juez federal ordenó detener a diez personas implicadas en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero donde están involucrados Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que fueron desviados 2 mil 950 mdp a empresas factureras, ligadas a Álvarez Puga. Además, explicó que ese dinero provenía de contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Los contratos fueron se firmaron para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, para habilitarse en penales federales y centros federales de readaptación social.
En tanto, Las autoridades federales confirmaron que se libraron las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a otras 10 personas relacionadas con el caso de Inés Gomez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las órdenes de aprehensión incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; a Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración y a Emmanuel Castillo, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
La Fiscalía General de la República busca encontrar a los culpables por el pago en sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos, por la entrega de contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas del ramo constructor. Esto durante la construcción de un penal con capacidad para 20 mil internos, durante la administración de Felipe Calderón.
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