¿La fiscalía contra la Justicia Especial de Paz?

Zheger Hay Harb

La nota colombiana

La fiscalía general de la nación realizó una inspección a la Justicia Especial de Paz (JEP) y se llevó el expediente que contiene la investigación por secuestro a 31 ex jefes guerrilleros de las FARC.

Este se considera el “expediente madre” y en él reposan, además de los informes enviados por la misma fiscalía, todo el acervo probatorio que ha ido conformando la JEP sobre secuestros perpetrados por la guerrilla entre 1993 y 2012, año en que renunció a esta práctica para allanar el proceso de paz.

Esta jurisdicción especial de inmediato prendió las alarmas y denunció públicamente la indebida intromisión: “esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Es una intimidación a la independencia judicial que tienen los jueces de la justicia especial. Por ello, le pidió a la Procuraduría General que tome nota de la situación y adelante las gestiones que considere pertinentes, lo cual podría complicarle la vida al fiscal general por intromisión indebida en una jurisdicción que escapa a su control.

Ante la línea roja que estaba pisando, puesto que hay definición constitucional sobre la autonomía de la JEP, el fiscal general salió a desautorizar al funcionario que realizó la inspección, hizo declaraciones sobre su honestidad y se dio golpes de pecho sobre lo respetuoso que es de las garantías constitucionales de ese tribunal y su espíritu de colaboración. Sin embargo, la JEP dijo oficialmente que aunque la fiscalía devolvió el expediente se quedó con una copia de él.

Al parecer el funcionario que realizó el allanamiento puso como pretexto la investigación a la directora administrativa de ese tribunal, quien ya fue llamada a indagatoria por varios delitos (asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales) que supuestamente cometió cuando autorizó la salida de varios ex jefes guerrilleros de sus sitios de concentración y de uno de ellos a la isla Margarita de Venezuela, al parecer, para pasar vacaciones.

Resulta extraño este proceso porque apenas se sucedieron esos hechos varios juristas que participaron en el acuerdo y el entonces alto comisionado de paz del gobierno Santos, así como su ministro del Interior, informaron que los ex guerrilleros no estaban presos en esos sitios y que podían andar libremente por el país si cumplían con el requisito de informar su salida.

Como consecuencia del allanamiento, 31 ex jefes guerrilleros anunciaron que acudirán ante la Comisión Americana de Derechos Humanos porque consideran que no cuentan con seguridad jurídica si la fiscalía se entromete en una jurisdicción que tiene autonomía constitucional como operadora jurídica para definir lo que se derive en cuanto a juicio de quienes están cobijados por los acuerdos de paz.

Así mismo, anunciaron que acudirán ante la Relatoría de Justicia de Naciones Unidas en Ginebra en busca de garantías para el funcionamiento de la JEP.

Este es apenas uno más de los intentos del fiscal general para atravesarse al cumplimiento del acuerdo de paz. No es sino recordar, cuando se estaba discutiendo en el Congreso el Acto Legislativo para la Paz, su radicalismo para evitar que dineros de la FARC pudieran ser utilizados para crear un centro de pensamiento político del nuevo partido en que se convirtió la guerrilla y su oposición a cuanto pensaba pudiera favorecer a la ex guerrilla.

Hace unos meses, con gran despliegue mediático, acusó a dos dueños de supermercados en barrios marginales de ser testaferros de las FARC. Como consecuencia de ello, los locales fueron saqueados cuando se encontraban extrañamente sin ninguna protección policial siendo que era apenas elemental suponer lo que vendría luego de esas acusaciones. Meses después estas personas fueron puestas en libertad por falta de pruebas y ahora tienen que responder por los daños económicos que les representaron esas denuncias.

Y en tiempos más recientes, su encono en buscar la extradición de Jesús Santrich, solicitada por Estados Unidos, por el supuesto delito –cometido después de la firma del acuerdo- de narcotráfico. De ser así, este ex jefe guerrillero saldría de la competencia de la JEP y sería juzgado por la justicia ordinaria.

Luego de un difícil debate, en que el fiscal pretendía quitarle competencia a la justicia especial, la Corte Constitucional falló a favor de ésta, por lo cual, ya contando con el aval del más alto tribunal en esos asuntos, la JEP le pidió al fiscal que le entregara las evidencias que obraban en su poder y que implicaban a Santrich para definir si el delito había sido cometido antes o después de la firma del acuerdo.

Y ¡Oh sorpresa! El fiscal tuvo que responder que no dispone de esas pruebas. O sea, le estaba haciendo mandados a la DEA, la CIA y demás agencias de Estados Unidos. Ya agarrado en falta, se excusó luego diciendo que enviaría las declaraciones de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que supuestamente implicaban a Santrich. Pero no se trata del expediente de Estados Unidos sino de audios de las investigaciones realizadas en Colombia contra Marín.

No se trata de excusar o condenar a Santrich o demostrarle o no simpatías a él y a los demás ex jefes guerrilleros, pero no puede bastar para condenarlos la capacidad histriónica del fiscal con sus aparatosas puestas en escena. Según la normativa colombiana, el hecho de que un soplón involucre a alguien no constituye plena prueba. Si eso fuera así, el fiscal estaría en un grave aprieto porque más de uno ha dicho públicamente que él está implicado en los hechos de corrupción de Odebrecht y en otros más igualmente delicados.